Estamos en la recta final rumbo a la celebración de un Tianguis Turístico más, que en su 44 edición se realizará del 7 al 10 de abril, en Acapulco. No obstante, la madurez de esta feria turística es difícil imaginar alguna otra edición más esperada que la presente.
Y no se trata de que haya expectativas sobre las innovaciones per se del evento sino por la incertidumbre y preocupación reinantes en la industria ante la desaparición de la utilización de los recursos provenientes del Derecho de No Residente —DNR— para el financiamiento de la promoción turística y, de la mano de lo anterior, la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México.
Más allá de la discusión —válida, por cierto— sobre la existencia de este organismo y, particularmente, sobre algunas de las decisiones del uso de sus presupuestos para el pago de acciones que no se encuadran de manera directa en los fines del consejo, la industria turística está convencida de que no es posible prescindir de estos recursos. No hay un país relevante en la competencia turística mundial que no destine dinero público a estas tareas.
En la arena turística, la lucha es feroz y la falta de capacidad para incidir en el proceso de toma de decisiones de los consumidores se puede pagar muy caro. Si México no tiene una presencia apropiada en el mercado turístico el vacío se llenará de inmediato por la presencia de los destinos del Caribe, los europeos y, muy especialmente, los de los grandes competidores: los propios destinos norteamericanos.
En mi opinión, la desaparición de estos presupuestos se agrava por tres razones: el momento que se vive y los que seguirán en el mediano plazo —porque la desaceleración económica en Estados Unidos llegará tarde que temprano—; la distracción de los recursos captados por el impuesto sobre servicios de hospedaje, y la imposibilidad de que las empresas turísticas sustituyan estas inversiones.
En el primero de estos puntos, las señales de desaceleración empiezan a dar paso a las de decrementos en la demanda. El dato duro más preocupante es la pérdida de 1.7 millones de asientos aéreos en el periodo enero-agosto del presente año, en rutas desde y hacia Estados Unidos y los destinos turísticos del país; en contraparte, Bahamas, Jamaica, Puerto Rico y República Dominicana aumentan su oferta 2.3 millones de asientos, en el mismo lapso. Es cierto, este comportamiento no sólo se explica por la falta de inversión promocional, sino también por el aumento en la percepción de inseguridad en algunos destinos. Evidentemente, esta pauta debería ser revertida con acciones de promoción y relaciones públicas.
Un segundo rubro de preocupación es que el impuesto hotelero, pactado entre gobiernos e iniciativa privada para financiar campañas de promoción turística, hace poco más de 20 años, cada vez más es distraído en los estados para otros propósitos.
La tercera consideración se fundamenta en la composición de la industria, pues de las alrededor de 500 mil empresas turísticas, 93% tienen menos de 10 trabajadores. No veo cómo las condiciones de estos jugadores les permitan compensar la falta de presupuestos públicos para la promoción.
El muy probable descenso en los flujos turísticos traerá aparejadas varias consecuencias graves para el país: pérdida en captación fiscal, disminución en las divisas lo que compromete la salud de la Balanza de Pagos, suspensión de nuevas inversiones con la consecuente afectación al empleo —con mayores efectos sobre los que corresponden a jóvenes y mujeres—, entre otras.
Con todo ello, los turisteros esperan como agua de mayo, que el gobierno aproveche el tianguis para anunciar alternativas que incluyan recursos públicos para la promoción turística. ¿Es posible esto? Sí, y además no se afectan los bolsillos de los contribuyentes. Los requerimientos mínimos se estiman en unos 120 millones de dólares que pueden ser subsanados tomando, por ejemplo, 20% de los fondos captados por el DNR —unos 140 millones de pesos—, manteniendo 60% para el Tren Maya y 20% para el Instituto Nacional de Migración. Adicionalmente, se podrían cargar 7 dólares de DNR a los pasajeros que descienden de los cruceros —bastante menos de lo que estos dejan en propinas en los barcos— que, de acuerdo con la estadística oficial, superaron los 8 millones el año pasado, con lo que se obtendrían 56 millones de dólares que deberían destinarse íntegramente a la promoción turística.
Estamos ante una buena oportunidad para que el gobierno refrende que el turismo es una pieza importante en sus planes.