El próximo 2019 se cumplirán 20 años de la creación del Consejo de Promoción Turística de México –CPTM– y esta coyuntura parece una buena oportunidad para recordar las razones por las que se crea y como, en un esfuerzo conjunto entre empresarios y gobierno, se encontraron las alternativas para su funcionamiento.
Así, en la última década del siglo pasado, la falta de interés de la Secretaría de Hacienda por dotar de recursos al esfuerzo de promoción turística del país, puso en verdaderos aprietos a la industria pues a pesar de gozar de las ventajas cambiarias producto de la abrupta devaluación de 1994 y 1995 veía cómo el turismo internacional al país se contraía al pasar de 21.4 millones de llegadas de turistas internacionales en 1996, a sólo 19 millones para 1999, en un entorno marcado por el aumento de la ferocidad de la competencia internacional.
Luego del fracaso de la figura de los Fondos Mixtos de promoción de la época, se diseñaron dos vías para obtener los recursos para el financiamiento de las tareas de difusión de los atractivos y destinos turísticos del país: la creación del impuesto al hospedaje, como una extensión del IVA y que permitiría la disponibilidad de recursos para la promoción de los destinos, y la creación del CPTM fondeado con los recursos de un nuevo derecho que sería pagado por los visitantes extranjeros al país. El camino que han seguido estos instrumentos no ha estado ajeno a la tentación de escatimar recursos o desviarlos hacia otros fines, pero a final de cuentas hay una cierta normalidad en las tareas de promoción y en los efectos de estas en los mercados, señalando como ejemplo ilustrativo el que los niveles de los flujos turísticos se encuentran hoy superando la barrera de los 40 millones de llegadas de turistas internacionales.
Actualmente, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos, los recursos captados por el Derecho sobre Servicios Migratorios a los Visitantes sin permiso para ejercer actividades remuneradas (turistas) que es de 500 pesos, se destinan en un 70% para el CPTM. La diferencia está etiquetada para el Instituto Nacional de Migración (20%) y en un 10% para Fonatur. El moto aproximado de estos ingresos para el CPTM es de 4 mil 500 millones de pesos –unos 240 millones de dólares–. Sin duda, una cantidad significativa de recursos, pero apenas suficientes si se tiene en cuenta que sólo la Oficina de Visitantes y Convenciones de Las Vegas dispone de un presupuesto que supera los 300 millones de dólares.
Es cierto, falta mucho por hacer en mejorar la eficacia en el uso de los recursos, asegurar un manejo transparente y focalizado con la decisiva participación de expertos en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos, así como la adopción de mejores prácticas para evaluar las campañas de promoción; no obstante la situación sobre la certeza en la disponibilidad de estos recursos es diametralmente diferente a la que se tenía 20 años antes.
No obstante, ante la inminencia del relevo gubernamental, habrá que estar muy atentos al manejo que se dé a estos recursos, pues el desconocimiento sobre el significado del turismo y sus cruciales aportaciones al desarrollo social y económico del país, así como la rentabilidad del uso de estos recursos para la promoción turística puede orillar al surgimiento de innumerables ideas felices, pero que pueden poner en riesgo la competitividad de una industria que marcha bien, pero que está amenazada por la inseguridad que prevalece en diferentes lugares del territorio nacional.
Una demostración formidable del menosprecio por el turismo e ilustrativa de los riesgos que puede correr la actividad en el futuro inmediato, es la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Derechos presentada en fechas recientes por la senadora Ana Gabriela Guevara y el diputado Juan Romero Tenorio, quienes proponen reducir la proporción del ya mencionado Derecho de Servicios Migratorios que se destina al CPTM pasando de 70% a un 40% (con los valores actuales, un recorte de cerca de 2 mil millones de pesos). Nadie puede estar en desacuerdo con el propósito de fortalecer las tareas del Instituto Nacional de Migración (que sería la dependencia que asumiría los recursos por la modificación de las proporciones), pero es inconcebible que dos legisladores no sólo no sean capaces de reconocer el significado del turismo para el país, sino que además ignoren los efectos negativos directos de la iniciativa que proponen.
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