La semana pasada Miguel Torruco, Secretario de Turismo confirmó el mal augurio: el Consejo de Promoción Turística de México desaparece. Al parecer, la razón atrás de esta decisión es el redireccionamiento de los recursos provenientes del Derecho sobre No Residentes (DNR) que ahora pasarían a financiar el ‘Tren Maya’.
No tengo duda, que esta es una decisión poco acertada. Por supuesto que los trabajos de promoción turística del país pueden hacerse de mejor manera; por supuesto que se puede hacer un uso más eficiente de los recursos destinados a la promoción; sin duda que se puede exigir una mayor transparencia en el uso de estos recursos, así como se puede mejorar la medición de la eficacia de las campañas promocionales. Sin embargo, lo que no se puede hacer es asistir a un mercado de feroz competencia de corte global sin recursos para la promoción.
Suponer que la iniciativa privada va a compensar la falta de recursos es una consideración equivocada que puede suponer altos costos económicos, sociales e incluso políticos. Los beneficios del turismo se reparten entre todos los actores de los destinos turísticos y tienen un enorme efecto positivo en las comunidades que reciben a los turistas. Así lo entienden los países competidores y en razón de ello, se invierten recursos públicos para las tareas de la promoción turística.
Así, por ejemplo, lo hacen España a través de Turespaña, Canadá por medio de Destination Canada, Estados Unidos con Brand USA y Las Vegas con su muy eficaz Oficina de Visitantes y Convenciones la que por cierto invierte más de 100 millones de dólares anuales en publicidad para un solo destino individual. De igual manera, ante la naturaleza propia de su agenda, imaginar que la promoción turística internacional puede ser realizada eficazmente a través de las representaciones diplomáticas de México en el exterior es muy riesgoso, tomando en cuenta que ningún país turístico destacado lo hace de esta manera.
El efecto de no invertir en promoción turística se sentirá en primera instancia en una contracción de la demanda que presionara las tarifas a la baja lo que en un corto plazo tiene tres graves consecuencias negativas: reducción de empleos, reducción de captación fiscal y una desaceleración de la inversión privada; adicionalmente, por supuesto, sería de esperar un deterioro en el saldo de la Balanza Turística que afectaría a la Balanza en Cuenta Corriente, toda vez que la Balanza Comercial es crónicamente deficitaria.
Dice Torruco que México se debe preocupar en aumentar el gasto medio de sus turistas y tiene razón; pero este pensamiento estratégico no tiene que ver con la existencia de un organismo como el Consejo de Promoción Turística de México.
La industria turística del país no solo está preocupada ante la desaparición del citado Consejo, sino ante el tratamiento que el nuevo gobierno parece otorgar al turismo: en la cancelación del aeropuerto de Texcoco no se tomó en cuenta el parecer del sector turístico y tampoco se le considera en esta nueva medida.
Se olvida que en la década de los 90 del siglo pasado, en un escenario de escasez de recursos públicos para la promoción turística, pero con la convicción de que la actividad turística genera reporta importantes beneficios para el país, se acordó la creación del multicitado Consejo de Promoción Turística de México, como una entidad que ejecutara de manera profesional y permanentemente el trabajo de difusión de las marcas turísticas del país con el concurso del sector privado, y con un financiamiento que no afectara los bolsillos de los contribuyentes.
Es por demás relevante recordar que cuando se lleva al pleno el dictamen para crear al Consejo, la votación en la Cámara de Diputados (20 de abril de 1999) no sólo refrendó una mayoría para apoyar la decisión, sino que se dio como un auténtico acuerdo del Estado mexicano, pues recibió 417 votos a favor y ninguno en contra.
Hoy es impensable que una votación en el Congreso para ir adelante con la desaparición del Consejo alcance unanimidad. Y aunque lo de hoy es ignorar el marco legal, mantener la decisión recientemente anunciada, contraviene el propio sentido del artículo 1 de la Ley General de Turismo que señala que ‘los procesos que se generan por la materia turística son una actividad prioritaria nacional’.
Director de la Facultad de Turismo y Gastronomía, Universidad Anáhuac México.
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