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Mientras que el periodo veraniego se desliza, se ha hecho pública la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para impulsar un conjunto de iniciativas tendientes al combate a la corrupción, al tiempo que encaucen la adopción de una postura de austeridad republicana en el nuevo gobierno.
Ante todo habría que decir que los propósitos atrás de estos anuncios no pueden ser cuestionados desde una sociedad que, de pronto y a querer o no, parece acostumbrada a una suerte de sumisión monárquica ante los estamentos que la gobiernan. Se podrá no estar de acuerdo con algún o algunos de los puntos —en lo personal, me preocupa la seguridad del Jefe del Estado mexicano—, pero no se puede estar en desacuerdo con el espíritu de la iniciativa.
Referente a la propuesta del combate a la corrupción y a la impunidad, es evidente que las designaciones que se den en las tres fiscalías (General, Anticorrupción y Electoral) serán clave, así como la verdadera autonomía con la que funcionarán. De la misma manera, la transparencia y rendición de cuentas deberán ser una práctica cotidiana irrestricta.
Independientemente de que, por otro lado, algunas de las medidas puedan ser cuestionadas por su aparente inocencia (como aquello de que “Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas […] aceptando que ellos son los mandantes”), tal vez, en estas temáticas no sonará mal abrir un espacio de diálogo con la ciudadanía para identificar otros caminos para reforzar la propuesta. Yo no acabo de entender, por ejemplo, por qué los empleados de Pemex no pagan ni gasolina ni el gas o los de la CFE no pagan la luz, como lo hacemos todos los mexicanos.
Lo que habrá que ver, en todo caso, es la capacidad real de adopción de las iniciativas, aunque de sobra se anticipa que aquellas que así lo demanden contarán con el consecuente aterrizaje legislativo.
Y, puestos a un análisis preliminar es posible anticipar que algunos de los puntos planteados requerirán precisiones y complementos. Me parece natural, por ejemplo la restricción a la renta de aviones privados (imagino que al decir “Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados”, se refieren a los servidores públicos), pero no hay previsiones sobre la compra o uso de servicios aéreos en primera clase o clase ejecutiva; o la aclaración de que entiende por viáticos: ¿Se incluyen en este concepto las comidas de trabajo?
Necesariamente, el cambio al statu quo puede suponer reacciones y resistencias, pero también ocasionar otros efectos, no sólo en los beneficiarios directos de las canonjías, sino en otros jugadores que pueden verse afectados por las medidas y por ello habrá que estar al pendiente de la implementación de las propuestas.
En lo que se refiere al sector turístico podría haber en un muy preliminar análisis, al menos cuatro vertientes de consecuencias: en la prestación de servicios turísticos; en la restaurantería; en el equipo de trabajo de la Secretaría de Turismo y sus dependencias; y en la operación del Consejo de Promoción Turística de México –CPTM–.
En el primer aspecto no tendría la impresión de que estas medidas pudieran tener mayores impactos y a los sumo, quizás podría observarse la contratación de alojamiento para los servidores públicos con nuevas reglas. En lo que hace a los consumos en cierto perfil de restaurantes si podría observarse una afectación pues algunos servidores públicos de alto rango, como Senadores y Diputados Federales, podrían tener que modificar sus patrones de consumo en este rubro.
Por otro lado, el recorte de personal —70% de la estructura de confianza— sí podría suponer un grave efecto en Sectur e incluso en el CPTM, pues este grupo de personas son las que, en realidad, ‘sacan el trabajo’, especialmente si hay un recorte adicional en los sueldos y, sobre todo, en la perspectiva de los ingresos de largo plazo, lo que, por cierto y no tanto en Sectur como en otras dependencias, abre la puerta a buscar como completar los ingresos con prácticas deshonestas.
Por último, parece haber un riesgo real de que se pueda calificar a la operación del CPTM como parte de un gasto en publicidad gubernamental y, por ende, ser sujeto de una reducción de 50%; más allá de ello y esperando que quepa la sensatez y el ejercicio presupuestal de la dependencia no sea catalogado como publicidad gubernamental, habrá que estar muy atento al perfil que se quiera dar al trabajo de este organismo, pues se debe entender que la promoción turística es un asunto crucial en la competitividad de los destinos turísticos del país y no debe estar sujeta al patrocinio de `ideas felices’.
Director de la Facultad de Turismo y Gastronomía, Universidad Anáhuac México.
