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Es cierto que el sentir popular afirmaría que ‘va a pasar lo que tenga que pasar’; sin embargo, el sector turístico –como muchos actores del país– contiene la respiración ante el desenlace luego de que se den a conocer los resultados de la consulta sobre el aeropuerto de la Ciudad de México.
Nadie duda del respaldo democrático con el que llegará el nuevo gobierno, como resultado de los excesos e incapacidades de anteriores gobiernos, lo que le da la absoluta libertad de impulsar o cancelar el actual proyecto aeroportuario, o de promover un imperfecto ejercicio de consulta sobre el particular, como el que se ha realizado en los días pasados. No obstante, el turismo, un sector que ha obtenido resultados brillantes en años recientes, fortaleciendo sus muy importantes aportaciones al desarrollo social y económico del país, empieza a dar señales claras de desaceleración y un conjunto de decisiones adversas pueden suponer graves afectaciones que no solo inhiban su crecimiento, sino, también, golpeen la marcha actual de las empresas del sector. Una de esas decisiones bien podría ser la de no optar por la continuación del proyecto actual en Texcoco.
Luego de la gran recesión y la crisis que derivada de esta enfrentó el turismo en México a finales de la década pasada e inicios de la actual, la contribución del PIB turístico se mantiene próxima a 9% del PIB total; el saldo neto de la balanza turística es sistemáticamente superavitario y sin él, el déficit en cuenta corriente se incrementaría en 54%; en un entorno global en el que la automatización destruye empleos, la industria turística en México ocupa, directamente, 3.7 millones de personas. Adicionalmente a lo anterior, el turismo realiza una contribución sobresaliente en aspectos relacionados con el desarrollo social: así, es la actividad que proporcionalmente más empleo da a los jóvenes y la segunda que más ocupa mujeres; los municipios turísticos son, significativamente, menos marginados, tienen menos rezago social y cuentan con menos personas viviendo en pobreza que la media nacional; especialmente notable es que en tanto en el país 43.6% de la población se encuentra en situación de pobreza, proporción que se eleva a 56.3% en la región sur-sureste del país, en Quintana Roo –entidad que debe su desarrollo a una decisión de política pública que optó por el turismo como alternativa productiva en la década de los setenta del siglo pasado–, sólo 28.8% de la población se encuentra en dicha condición.
Conviene recordar, por otro lado, que si bien el turismo tiene características que le confieren solidez estructural, su desempeño está sujeto a diversos factores que lo pueden hacer vulnerable, además de funcionar en un entorno de alta rivalidad competitiva. De esta manera, las condiciones de inseguridad presentes en distintas latitudes del país, son un riesgo con el potencial real de afectar la marcha del turismo. Un ejemplo de ello es que en tanto las llegadas de turistas de norteamericanos por vía aérea crecieron a una tasa media entre 2012 y 2017 de 11.7%, en 2018 (hasta el mes de septiembre) han aumentado sólo un 1.5%, con lo que de mantenerse este ritmo se habrían perdido más de un millón de turistas de este mercado, pues los viajes al exterior de los norteamericanos siguen creciendo con un gran vigor (7.3% acumulado en gasto al mes de agosto). El impacto económico de esta pérdida es equivalente a alrededor de 1.1 miles de millones de dólares.
La sustitución del proyecto aeroportuario en Texcoco supondría una limitación importante al turismo mexicano por diversas razones relacionadas con el freno a la conectividad, pero, sobre todo, porque de tomarse esta decisión, implicaría una pérdida enorme en la confianza de los inversionistas quienes desde ahora, en un escenario de incertidumbre, ya están aparcando sus proyectos.
El punto de fondo no es si México cae en las llegadas de turistas internacionales (por cierto, muy probablemente al cierre del año retroceda un peldaño en el ‘ranking’, situándose en el séptimo sitio) sino que de enfrentarse un frenazo en el sector, las consecuencias se traducirán en una afectación a variables macroeconómicas fundamentales y un retroceso en el bienestar de comunidades situadas en lugares con limitadas alternativas.
