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El 21 de junio la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías Guerra, envió una carta a EL UNIVERSAL relacionada con mi columna: ¿Localizaron al exgóber prófugo Mario Marín?
El contenido de mis “Razones y Pasiones” se desarrolló a partir de preguntas. Comenzando por el título.
El texto que envió la fiscalía fue publicado por el diario, como lo solicitó la institución. Retomo tan solo algunas partes (es extenso) para dar respuesta con datos publicados y documentos de la defensa.
La subprocuradora indicó que “respecto de los delitos cometidos en contra de la periodista Lidya María Cacho Ribeiro (así escribió el nombre), el 16 de diciembre de 2005, trece años después la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, inició un nuevo plan de investigación…”
Vale resaltar que “el nuevo plan” al cual hace referencia no surgió de la nada.
El 31 de julio de 2018 el Comité de Derechos Humanos notificó su decisión final adoptada en el caso Lydia Cacho. Señaló que el Estado mexicano había vulnerado sus derechos a no ser torturada, a la no discriminación en razón de género, a la libertad y seguridad personales, a la libertad de expresión y a contar con un recurso efectivo para remediar dichas violaciones.
Sobre esto, el Comité consideró que el Estado no actuó con celeridad y eso obstruyó el derecho de acceso a la justicia. Además, como bien lo recuerda la funcionaria, estas consignaciones se dieron ¡13 años después de cometida la tortura!
Sara Irene da respuesta a las interrogantes que formulé en mi columna de opinión. Se agradece. Señala que: “…por lo que toca a Mario ‘N’ se obtuvo orden de aprehensión en su contra y a la fecha se realizó un cateo en un domicilio para su búsqueda, sin encontrarlo, ya que presuntamente existe una red que le alerta con anticipación para que se evada de la acción de la justicia en razón del puesto que ocupó. Sin embargo, se continúa con dichas tareas a pesar de esos obstáculos.”
Pero, además de resultar escandaloso que la autoridad encargada de investigar y perseguir delitos diga que “presuntamente” existe una red que alerta a Marín sobre los movimientos para capturarlo, se abren nuevas incógnitas.
¿Quién conforma esa red? ¿Está al interior de la FGR, en las instituciones poblanas o es una red criminal? ¿Es más poderosa esa red que el Estado mexicano? ¿Ya abrieron investigaciones por el encubrimiento en el que incurre esta red?
Al final de la carta, Herrerías Guerra puntualiza que se observan las acciones constantes, permanentes y actualizadas de la Fiscalía, “que no se habían realizado desde 2005…”
Y concluye señalando que por ello no consideran “justo que se descalifique a esta institución cuando está realizando su mayor esfuerzo.”
Si la subprocuradora relee mi columna se dará cuenta que reconocí su labor en general y formulé preguntas relacionadas al caso de Cacho Ribeiro. Por lo demás, en su último párrafo hay confesión de parte: han realizado acciones que no se habían llevado a cabo desde 2005.
Efectivamente, la PGR (hoy FGR) se activó, primero, cuando supo de la presentación del caso ante el Comité de Derechos Humanos en octubre de 2014; y segundo, cuando éste determinó que se le había denegado justicia a Lydia. También el Comité les recordó que no es la única investigación abierta. Si bien es la más importante, hay otras con motivo de las amenazas de muerte y hostigamiento que sufrió la periodista.
Dichas investigaciones, no está de más recordarlo, no han avanzado.
Finalmente, sobre lo que es justo e injusto, agregaría que la búsqueda de justicia ha sido una labor incansable y peligrosa para la escritora, quien con el acompañamiento y representación legal desde hace una década de Article 19, logró romper el pacto de impunidad.
Razones y Pasiones:
El miércoles, Javier Coello, abogado del prófugo y exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, confirmó que no solo representa a Lozoya, también es apoderado legal del Fiscal General de la República.
“Sigue vigente el poder. Pero entonces, ¿cuál es el conflicto de intereses? A ver amigo, imagínese usted si yo tuviera que renunciar a todos los asuntos que llevo en la Fiscalía General de la Nación porque el doctor Gertz es mi amigo o soy su apoderado. No mi amigo, no existe ningún conflicto de intereses…” Respondió Javier Coello Trejo.
Animal Político y Quinto Elemento Lab publicaron también que Juan Ramos López, actualmente encargado en la FGR de indagatorias contra Lozoya, fue parte del equipo legal de Javier Coello entre 2015 y 2019.
Dos preguntas más para el fiscal Alejandro Gertz Manero:
1.- ¿Qué opina usted? ¿Existe conflicto de intereses?
2.- ¿Cuáles son los otros casos a los que se refirió el abogado Javier Coello? ¿Qué otras investigaciones realiza la FGR y lleva Coello Trejo?
Twitter: @elisaalanis
