Hay instituciones que gozan de mejor prestigio que otras.
Curiosamente, las menos transparentes siguen teniendo mayores índices de aprobación. Por lo menos así lo marcan las diversas encuestas (Parametría, Consulta Mitofsky, Buendía & Laredo, etcétera).
Es el caso de la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. Opacas como ellas solas, pero con el beneficio de la duda por parte de la gente.
Actos de fe hacia quienes tienen como misión fundamental brindar seguridad y paz, física y espiritual.
Aunque su imagen se deterioró por los encontronazos con la realidad —abusos sexuales a menores, violaciones a derechos humanos, poca efectividad—, se mantienen vigentes, refugiadas en la penumbra.
Ojos que no ven, corazón que no siente, dirían por ahí. Sucede algo similar en el caso de uno de los poderes de la Unión.
Casi todos saben lo que hace el Presidente y su gabinete. Este sexenio fueron protagonistas de grandes escándalos que permanecen impunes.
Varios saben lo que realizan los legisladores. Qué iniciativas aprueban, cuáles se quedan en “la congeladora”, cuánto despilfarran, quiénes se duermen durante las sesiones, hasta qué están viendo en sus celulares.
¿Y sobre los jueces, magistrados y ministros?
Poco se sabe.
Con el afán de salvaguardar al gremio y la figura institucional se protegen abusos o corruptelas individuales.
Hasta que surgen movimientos, desde dentro y fuera. Ya comenzaron a producirse con más intensidad:
— Felipe Borrego, consejero de la Judicatura Federal, expuso el nepotismo y las “relaciones endogámicas” que existen en el PJF. (Ya se imaginarán que no lo quieren mucho sus colegas).
— Con base en ello y el apoyo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Julio Ríos Figueroa, del CIDE, publicó el reporte El déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación. (En donde, en no pocas ocasiones, se recurre a esquemas de contrataciones cruzadas para darle vuelta a la ley).
— Esta semana, Juan Omar Fierro, del equipo de Carmen Aristegui, informó sobre los empleos de las hijas del ministro presidente Luis María Aguilar y del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. ¿Adivinen en dónde?
La cédula profesional de Ana Elena Aguilar indica que es Cirujano Dentista. Trabaja para el ministro Pérez Dayán.
Daniela Pardo estudió Derecho. Su actual nombramiento dependió del presidente de la Corte. A partir de octubre, los datos sobre su cargo y percepciones (135 mil pesos mensuales brutos, además de prestaciones) fueron borrados del directorio público de la SCJN.
— Ayer, el senador Ricardo Monreal se subió al tren y propuso una iniciativa que contempla restricciones para promocionar, nombrar o ratificar a miembros del poder vecino cuando exista interés personal o de negocios. Así como la publicación de una declaración de intereses por parte de sus integrantes.
— El mismo jueves, cerca de 150 organizaciones y académicos solicitaron a Enrique Peña que incorpore un mecanismo de participación ciudadana en el proceso de designación de la próxima ministra o ministro.
Son tiempos de cambio.
La apertura en la Iglesia (a fin de cuentas, privada) o el Ejército (parte del Ejecutivo y la vida pública) puede que tarde.
Pero desde ahora, el Poder Judicial estará también sujeto a mayores exigencias de la población.
De esa sociedad que es el verdadero motor de profundas transformaciones.