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Eso de que no existe otra opción para combatir la inseguridad, mas que usando a las Fuerzas Armadas y modificando la Constitución para que deje de ser ilegal, no es cierto.
En el peor de los casos —que es el de muchas regiones dominadas por el narcotráfico— se podría evocar el Artículo 29 (restricción o suspensión de derechos y garantías) y así suspender el 21 (en el párrafo relativo a la seguridad pública en manos de civiles).
Sí hay manera de combatir al crimen organizado sin modificar ni violar la Carta Magna.
Esta medida, aunque extrema, marca límites temporales a las Fuerzas Armadas. Permite supervisión y controles por parte del Congreso y la Suprema Corte. Pone contrapesos necesarios al Ejecutivo Federal.
Por supuesto, Felipe Calderón no lo quiso hacer. Enrique Peña Nieto, tampoco. Andrés Manuel, ni lo menciona.
Una vez que llegan al poder, los Jefes Supremos quieren más y más y más. A pesar de los funestos resultados.
Creció la opacidad y la muerte, mientras el negocio ilícito floreció.
En una década, consintieron la escalada.
Hasta llegar a dramas, como el guerrerense. O narcoestados, como el nayarita.
El ex fiscal de esa entidad, Édgar Veytia, en los primeros días de 2019 se declaró culpable ante la corte federal de Brooklyn, por conspiración para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana.
Tuvo que ser una pesquisa en Estados Unidos la que llevara a este alto funcionario, ligado a cárteles, ante la justicia.
Hoy, la simulación continúa.
Se niegan a respetar la Constitución. Mejor, de plano, la modifican.
Ello, a pesar de todas las voces expertas en contra.
En las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional, del 8 al 12 de enero, participaron 13 gobernadores; 15 presidentes municipales; 3 secretarios de Estado; el presidente de la CNDH; el representante en México de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas; ONU Mujeres; Amnistía Internacional; y 45 académicos, especialistas, activistas, miembros de organismos empresariales y de la sociedad.
Las conclusiones principales de las 10 mesas coincidieron en que:
1.- La Guardia Nacional debe contar con un mando civil, no militar.
2.- En paralelo, las instituciones civiles de seguridad pública (policías de los tres niveles) se deben fortalecer y profesionalizar.
3.- El Ejército y la Marina tienen que apoyar solo de forma temporal y transitoria.
4.- El respeto a los derechos humanos debe prevalecer plenamente.
No fueron escuchados.
Morena y sus aliados lograron la mayoría en la Cámara de Diputados con el PRI y el Verde Ecologista de la mano.
Rubén Moreira subió a la tribuna e informó que la bancada priista apoyaría. Pensando “en las mujeres y hombres que han padecido la violencia”. Eso dijo.
Los legisladores del partido de AMLO tuitearon en su cuenta: “¡Damos pasos firmes rumbo a la paz y la desmilitarización del país!”. Eso escribieron.
Curioso uso de palabras.
Como el del proyecto mismo de decreto.
Venden la idea de una Guardia Nacional “de carácter y dirección civil”, pero con un andamiaje que lo anula. Con una Junta de Jefes de Estado Mayor, además de estructura y cumplimiento de responsabilidades y tareas militares.
Más bien, en la llamada Cuarta Transformación avanza con paso firme el debilitamiento de fuerzas civiles (propias de democracias) para abrir camino a las castrenses (características de dictaduras y regímenes autoritarios).
El Senado tiene la siguiente palabra.
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