El Instituto Nacional Electoral tiene una unidad llamada Dirección del Secretariado, cuyo titular, por muchos años, fue Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez.
Fue acusado el 13 de diciembre de 2017 por acoso sexual.
La agraviada hizo lo debido. Acudió a las instancias internas correspondientes.
El 19 de febrero de 2018 inició el procedimiento laboral disciplinario.
Pasó el tiempo.
Por fin, el 3 de septiembre de ese año el Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, dictó la resolución: Sí existió responsabilidad del funcionario.
Se le destituyó.
El 26 de septiembre, el agresor se inconformó. Interpuso un recurso ante la Junta General Ejecutiva, integrada por todos los directores de unidades del INE.
Dos meses después, este órgano confirmó lo antes resuelto.
EL UNIVERSAL informó sobre el caso, puntualizando que era la primera sanción de este tipo a un funcionario de alto rango. Sin embargo, el asunto revive.
El 18 de diciembre, Jorge Eduardo siguió. Promovió un juicio, para dirimir conflictos laborales, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En esos días, la víctima pidió la recusación del magistrado instructor, José Luis Vargas. Y el 20 de febrero de 2019, en sesión privada (por lo cual no conocemos los argumentos) determinaron que no. Que no era legal su petición.
De igual manera, Lavoignet pidió que se recusara la magistrada Mónica Soto. Decidieron nuevamente por la negativa.
Eso ya es de extrañar.
Pero sucedió algo más que llamó la atención.
Cinco magistrados votaron a favor de Jorge Lavoignet. Cuando escribo “magistrados” me refiero textualmente a masculino, plural.
A la hora de la hora, por alguna razón, Mónica Soto no estuvo.
Y Janine Otálora se encontraba fuera del país. No sabía que abordarían ese tema.
Entre peras o manzanas, cinco hombres, por unanimidad, decidieron darle un espaldarazo al destituido.
No por una cuestión de fondo: la agresión a una mujer. Sino de forma: a su parecer, faltó la prueba testimonial de ella en el recurso impugnado.
Esto, a pesar de que en el primer procedimiento sí declaró con todo detalle. Fuerte.
Incluso constan sus dichos en el expediente SUP-JLI-36/2018.
¿Dónde queda la representación de género en una situación de este tipo?
¿Dónde, los derechos de la denunciante?
¿No se le revictimiza?
¿Y los protocolos internacionales?
Esta reciente sentencia firmada por el “G5 Varonil”, —Reyes Rodríguez, Felipe Fuentes, Indalfer Infante, Felipe de la Mata y José Luis Vargas—, está fechada el 26 de abril. El lunes 29 se le notificó al INE. Pronto sabremos qué sigue.
Razones y pasiones:
Urge que el Congreso apruebe #ParidadTotal.
No es un tema simbólico.
Como vemos, es una realidad que incide en la justicia. En el día a día. El dictamen de reforma en esta materia quedó pendiente. Será en el periodo extraordinario cuando se vote.
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