La generación del atraco lo está haciendo.
Primero en la Cámara de Diputados y ahora desde el Senado, impulsa la Ley de Seguridad Interior.
Receta a la nación una #LeyGolpista, a pesar de las advertencias de riesgos, el análisis y el rechazo por parte de organizaciones sociales y organismos nacionales e internacionales, como los seis mandatos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Mientras la Presidencia, la Secretaría de la Defensa, algunos gobernadores, diputados y senadores pactaron (comandados por personajes como Emilio Gamboa y Roberto Gil), se evapora el sueño ciudadano de una #SeguridadSinGuerra.
El guión de esta historia no podría ser más brutal.
El día que el pleno de los diputados votó esta ley, Denise Maerker presentó en Televisa un video escalofriante. Se observa cómo marinos en activo secuestran a un empresario veracruzano en la Ciudad de México.
No se trata de individuos que desertaron y formaron cárteles, como ha sucedido. O que se hicieron de la vista gorda en zonas de trasiego y sembradío de amapola. O que fueron testigos del asesinato y desaparición de adolescentes. O que fueron cooptados. No.
Son ellos, blindados con armamento y vehículos oficiales y con todo el poder del Estado, los que directamente cometieron actos criminales de manera organizada.
Pidieron rescate.
Para obtener los millones solicitados, intercambiaron a la víctima por un familiar. Finalmente, la Policía Federal entró a instalaciones de la Marina Armada de México para detener a los plagiarios. Esa policía a la que los promotores de la militarización prefieren sustituir por soldados, antes que depurar y capacitar.
Ahí está la pieza. Se presentó en horario estelar en el noticiario de mayor rating.
Otra información periodística que tendría que ser escándalo nacional. Estamos hablando de la Marina. Esa organización a la que políticos y especialistas en temas de seguridad consideran más confiable que el Ejército.
Hay que preguntarse una y otra vez, ¿cuál ha sido el papel de las Fuerzas Armadas en estos once años, desde que salieron de sus cuarteles para hacer labores inconstitucionales de seguridad pública?
¿Cómo conviven en el día a día en donde manda el narco?
¿Por qué, además de la pulverización y surgimiento de pequeños grupos, se han fortalecido estructuras como el Cartel Jalisco Nueva Generación?
¿Por qué el software Pegasus, adquirido por la Sedena, el Cisen y la PGR, en lugar de utilizarse para intervenir comunicaciones de narcotraficantes se usó para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos?
¿Qué opinan los miembros del Ejército y la Marina que han sido expuestos de manera ilegal y que sí desean un país con seguridad, donde además se garanticen derechos?
Antes de otorgar mayores facultades —y normalizar el desastre de la llamada Guerra de Calderón, corregida y aumentada por Peña—, el comandante en jefe y los altos mandos tendrían que responder a éstas y muchas otras interrogantes.
Que quede constancia, es en esta realidad aderezada con intereses electorales en el último año de un gobierno señalado por la corrupción cuando se promueve la Ley de Seguridad Interior.
Días oscuros para México. Golpe bajo para aquellos derechos que se abrieron paso entre dictaduras y gobiernos autoritarios a base de sangre, sudor y lágrimas.
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