En una democracia madura, los partidos políticos rinden cuentas a la sociedad sobre sus recursos y actividades. Un contexto así permite que este atributo sea cumplido a cabalidad por las organizaciones a través de los cuales la ciudadanía accede al poder. En México, sin embargo, los partidos no solo se aferran a las fortunas que cada año reciben del erario, sino que además se resisten a publicar cómo ejercen ese dinero.
Por estas razones, las iniciativas que han buscado limitar el acceso de los partidos políticos al tesoro público no prosperaron hasta ahora. La propuesta del diputado local Pedro Kumamoto, conocida como #SinVotoNoHayDinero, ya fue aprobada por el Congreso de Jalisco. La nueva ley indica que los partidos recibirán recursos a partir de su votación efectiva obtenida en la elección previa y no tomando en cuenta a la cantidad de personas inscritas en el padrón electoral.
Esto implica necesariamente que los partidos políticos en su estado recibirán menos dinero público. A partir de ello, la iniciativa fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia (SJCN) de la Nación por diferentes partidos y criticada por actores políticos de alto nivel. No obstante, el máximo tribunal del país declaró la constitucionalidad de la ley, que entrará en vigor a partir de 2019.
En México, los partidos políticos se han negado históricamente a transparentar en qué utilizan los recursos públicos. Del mismo modo, desde el Congreso federal los militantes de partidos políticos, que también son legisladores, aprueban año con año cantidades exorbitantes para ejercer desde los partidos en actividades que no benefician a la ciudadanía.
Tan solo en 2018 se gastarán más de 6 mil millones de pesos desde los partidos políticos, cifra no vista en las últimas dos décadas, ni siquiera en año electoral. Ante ello, la sociedad mexicana, por un lado, debe promover iniciativas que permitan reducir el dispendio del dinero público que se realiza desde los partidos políticos. Y, por otra parte, estas instituciones que viven del erario deben acatar la obligación de especificar cuánto dinero reciben y cómo lo ejercen, según la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.