Una crisis como la que se desata tras una catástrofe natural como la que vivimos los mexicanos el #19s pasado tiene muchas consecuencias. Una de ellas ha sido el incremento enorme de la conciencia de nuestra fuerza e importancia, como sociedad civil.
Sin embargo, nuestra falta de costumbre de exigir y tomar en nuestras manos muchos temas públicos, sumados a una emotividad a flor de piel, pueden llevarnos a conclusiones erróneas de muchos temas, a pesar de que las motivaciones sean buenas y aún más las intenciones.
En específico, me parece que la sociedad civil ha hecho algunas propuestas y demandas justas, pero cuyas consecuencias y formas para llevarlas a cabo son, por lo menos, inciertas en sus resultados, así como en el nivel de responsabilidad que se adquiere al realizarlas.
Quiero hablar de una de ellas, en concreto: la demanda para terminar con el financiamiento a los partidos políticos, ya sea el ordinario permanente o el que se otorga específicamente para la realización de las campañas políticas.
Sin duda, el elevado costo de la democracia mexicana no es proporcional al retorno en beneficios y transparencia que desearíamos los ciudadanos. Además existe una lata frustración, ya que a pesar de la reciente aceptación de la figura de las candidaturas independientes, el poder político y las elecciones siguen en poder de los partidos de forma casi completa. Esta situación, sumada a que ningún partido se salva cuando hablamos de la corrupción de los gobiernos que encabezan sus partidarios, ha terminado por hartarnos a los ciudadanos.
Esto se suma a el profundo trauma y estrés producido por los sismos del #7s y #19s, los cuales dejaron tras de sí una estela de desolación formada de miles de personas sin hogar, infraestructura dañada, así como una respuesta tibia de parte de los gobiernos para impulsar la inaplazable reconstrucción.
Entonces surge la propuesta, la cual se viralizó de inmediato: que el INE detenga los seis mil millones que se presupuestaron para que los partidos políticos para las campañas políticas en 2017-2018.
De principio suena bien. Todo ese dinero podría ayudar a reconstruir una gran parte de los daños ocurridos por los sismos, sin embargo, casi de inmediato iniciaron los problemas: las cifras no cuadraban, había quien hablaba del financiamiento para campañas, otros de todo el financiamiento y a veces se incluía el mismo presupuesto del INE; al mismo tiempo se inició el primer debate sobre su autoría y algunos decían que la idea era de AMLO, otros que de una ONG y los menos decían de algún partido. Sumado a esto, la gente empezó a reenviar posts y tuits de #FakeNews donde se afirmaban cosas sin lógica ni fundamento, como la mentira de que Rusia había donado 42 millones de euros y eso alcanzaba para construir miles de viviendas, solucionando mágicamente la crisis habitacional de la CDMX…claro si cada departamento costara solo 30 mil pesos en su construcción, mientras que los partidos no querían hacer nada.
La desinformación siguió abriéndose paso. Por un lado el PRI inicio una de sus agresivas campañas de publicidad contra otros partidos para “demostrar” que nadie más que ellos cumplían su promesa de renunciar al financiamiento público, al tiempo que trataban de retomar, con fines bastante poco claros, que se eliminaran los legisladores pluris.
Podría continuar con este recuento, pero entonces caería en la misma trampa que todos los que se unieron a la dinámica de discutir por discutir y de volcar las entrañas, en lugar de la razón fría, en este debate.
Prefiero detenerme a hacer preguntas incómodas.
Podemos empezar por preguntar: ¿con qué se financiarían los partidos políticos, si de una día al otro les quitamos este dinero?, ¿qué ocurriría con las decenas de miles de familias que dependen del trabajo asalariado del personal de estos institutos?, ¿cómo podrían realizarse a las campañas?, ¿no le abriríamos de forma total la puerta a los poderes fácticos, legales e ilegales, para adueñarse de una vez por todas del país?
Y aún más allá, ¿a quién beneficia cada una de las propuestas?, ¿podemos confiar que la corrupción permitiría llegar ese dinero a las labores de reconstrucción?, ¿por qué seguimos creyendo en las soluciones mágicas de un día para el otro?, ¿por qué rehuimos la responsabilidad que todos en la sociedad civil (si, todos) tenemos al dejar que todo se haya descompuesto a este nivel?, ¿nos va servir una revolución, cuando todas han fracaso al mediano y largo plazo en este país?, ¿en qué cabeza cabe que la solución es un golpe de estado?, ¿por qué no podemos organizarnos como sociedad y realizar un cambio sistemático paso a paso?
Bastantes saldos negativos tenemos en pérdida de vidas y recursos materiales, ¿también queremos sumar el saldo negativo de la destrucción de la poca democracia que tenemos en aras “de tener la razón”?
Muchas preguntas, pocas respuestas al día de hoy.