El pasado 6 de febrero, durante una sesión extraordinaria urgente, el Consejo General del INE decidió que debía atraer la organización total de la elección extraordinaria de la gubernatura de Puebla y de cinco municipios, en aquella entidad.
Como ya es costumbre en nuestro México polarizado, dicha decisión tiene detractores y defensores igualmente apasionados e irreductibles.
Los defensores, que incluyen al mismo Consejo General, afirman que es la opción más prudente y racional. Y es que, bajo un escenario tan complejo como el que se ha generado desde la campaña del proceso electoral ordinario del año pasado, hasta las acusaciones y teorías conspiracioncitas que inundaron las redes tras la muerte de la gobernadora y su esposo, el estado de Puebla ha demostrado una alta volatilidad política, algo que parece haber afectado hasta las más altas esferas de las instituciones electorales federales.
Por el otro lado, los detractores claman que es un paso más en el desmantelamiento del modelo federalista del sistema electoral. Un paso más en favor de un sistema donde un elefante blanco institucional decide llevar a su coto privado una elección que por lo menos, será riesgosa en términos de imagen y credibilidad. A esto se suma que, tras los recortes de diciembre pasado, tampoco existe la certeza de poseer la capacidad presupuestaria, lo que torna en temeraria tal decisión.
Ambas posiciones tienen puntos válidos.
Sin duda, el enrarecimiento profundo en Puebla obedece a una serie de circunstancias que, sin estar forzosamente relacionadas, han contribuido a su crecimiento, ayudando a que echen raíces muy dentro de la conciencia colectiva.
Ese estado vivió durante todo el proceso electoral un ambiente de confrontación, prácticamente sin límite. Los contendientes utilizaron todos los recursos a mano, tanto éticos como carentes de esta cualidad, para asegurar su victoria provocando enfrentamientos, acusaciones de alquimia y mapachismo, uso de recursos públicos y violencia política y de género.
Sin embargo todo el despliegue que realizaron no dejó firme el triunfo de ninguna de las partes. El tema que se zanjó apenas en una sesión de la Sala Superior del TEPJF, realizada el 8 de diciembre pasado, donde se eliminó en votación dividida la posible anulación de dicha elección.
El colofón, del que todo México supo y sustrajo sus conclusiones radicalizadas y a modo, fue la caída del helicóptero que mato a la power couple de Puebla, que obligó al INE adentrarse en aguas peligrosas y asumir toda la responsabilidad de la elección extraordinaria.
Los retos que estarán enfrentando serán mayúsculos en los aspectos técnico, logístico y de seguridad, sin duda. Pero es en el terreno de la percepción y la información donde se prevé el mayor de los retos.
El 2018 fue un excelente escenario para lograr afinar las herramientas con las que se debe explicar cada paso de un proceso electoral, sin embargo el reto de Puebla es muy diferente, mayor en algunos aspectos.
Tras el esfuerzo de 2018, en el cual además de organizar las elecciones más complejas de nuestra historia se buscó que fueran las más explicadas, la imagen del INE terminó aún más maltrecha al no poder eliminar de forma efectiva como fueron el sospechosismo y las acusaciones ridículas pero persistentes (como la de los crayones, supuestamente borrables).
Todo a pesar del triunfo supuso para la institución un resultado irrefutable en favor de una opción política y el reconocimiento general a este hecho. También se suman las correcciones que el TEPJF hizo de varias de sus decisiones antes y después de la elección y podremos ver que el escenario no es sencillo.
La batalla por la percepción de la elección de Puebla ya inició y los bandos están muy claros. Los que señalan un centralismo irresponsable e irrespetuoso y los que defienden la decisión como centralmente responsable. ¿Cuál saldrá victoriosa en la mente de los poblanos y el resto de México?
Este punto es crucial, en especial por que el INE se comprometió a que ésta y todas las elecciones de 2019 se desarrollarán “con certeza, legalidad, imparcialidad y con la mayor pulcritud de todos y cada uno de los procesos que vienen asociados a la organización de una elección, incluido el arbitraje de la misma”.
Con mucho menos dinero y obligado a reducir el modelo usado el año pasado (adiós producciones de debates) a causa de los recortes presupuestarios, el INE enfrenta la verdadera prueba de ácido a los ojos de una ciudadanía que, gracias a los posicionamientos de ciertos grupos, empieza a preguntarse sobre el modelo electoral mexicano. Esperemos que la decisión tomada el 6 de febrero dé frutos dulces.