Más Información
¿Han sido prioritarias las universidades públicas para los últimos gobiernos? Más que los discursos oficiales de buena voluntad que se han vertido, tendríamos que observar las acciones institucionales emprendidas para su fortalecimiento, así como la política de financiamiento en los hechos.
Si bien se ha reconocido públicamente la importancia de las universidades públicas por estar a la vanguardia en la generación del conocimiento, ciencia, innovación, tecnologías, artes, formación humanista, así como por sus amplios vínculos sociales y su incidencia en los procesos de desarrollo, todo debe emprenderse en el marco de una política de Estado de carácter integral.
Al anunciar los trabajos para la elaboración de una nueva Ley de Educación Superior, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, refirió “la inexistencia de un marco legal que regule la educación superior de forma integral y permita la vinculación armónica de programas sectoriales gubernamentales” (10/01/2019), como conclusión de un diagnóstico que remite a la dispersión y desarticulación al interior del subsector universidades públicas y educación superior.
El anuncio, realizado el 10 de enero pasado en la presentación de dos estudios sobre educación superior de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), implica un ejercicio de autocrítica en la conducción del subsector, pero también todo lo que debemos procurar en cada una de nuestras instituciones sobre los grandes retos del país y de las sociedades regionales.
En síntesis, el Secretario señaló que la educación superior en México no está cumpliendo a plenitud la promesa de desarrollar las competencias necesarias para el trabajo, y tampoco funge como una palanca para promover de manera cada vez más amplia la innovación y el crecimiento económico, frente a las grandes necesidades y retos.
Entonces, habría que plantear ¿Por qué llegamos a tal situación de dispersión de la educación superior y de desarticulación entre las universidades? ¿Qué políticas generaron la profunda desigualdad e inequidad entre instituciones? ¿Bajo qué esquemas se asignaron los financiamientos a cada una?
Lo que se ha dejado de hacer en la materia refleja no solamente la situación diferenciada de las instituciones de educación superior, sino sobre toda las altas brechas sociales y económicas entre las entidades federativas a partir de la incidencia de la variable sobre educación superior y su relación con el desarrollo de las entidades y regiones del país, donde la menor inversión se concentra en las entidades con mayor rezago. Aunque en este entramado la disminución del financiamiento es sólo una de las variables a considerar.
La autocrítica corresponde también al interior de cada universidad para preguntar ¿En qué medida están cumplimiento las necesidades propias de su misión? ¿Qué se está haciendo y qué se está dejando de hacer? ¿Por qué observamos una tendencia progresiva de las instituciones a su insostenibilidad económica?
Visto así, el anuncio de una política integral hacia la educación superior marca el momento de viraje de las universidades públicas para reencauzar el sentido de su actividad hacia la misión de educar por encima de los compromisos laborales deficitarios establecidos desde hace décadas en los contratos colectivos con los sindicatos, así como los compromisos de carácter político, hacia fuera y dentro, que las han colocado al límite de su operación.
