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En la agenda de la educación superior en México resalta el proyecto “Visión y acción 2030” de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el cual considera cinco ejes temáticos articulados entre sí: gobernanza, cobertura, calidad, responsabilidad social y financiamiento.
La gestión del proyecto es potenciada al doble si consideramos que no existe piso parejo en el conjunto de las Universidades Públicas Estatales (UPE´s). Hay universidades que cuentan con altos presupuestos por la Federación y sus gobiernos estatales, y otras que disponen presupuestos muy bajos.
Las universidades que tienen alto presupuesto cuentan con posibilidades de alcanzar amplias coberturas de educación superior, como es el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que para el periodo 2016-2017 alcanzó el 99%.
En el otro extremo nos encontramos con entidades e instituciones que tienen la cobertura más baja, como es el caso de Oaxaca, con apenas el 19%. Quince puntos por debajo de la media de cobertura en América Latina y una de las posiciones más bajas a nivel nacional.
Ello es resultado de una perspectiva centralista del modelo de desarrollo dominante que desalentó la inversión pública en entidades del sureste mexicano y que en consecuencia se refleja en un conjunto de rezagos históricos entre los que resalta la educación superior.
Es importante observar las brechas regionales a una escala más amplia, en el contexto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la cual nuestro país es integrante. En términos de la asignación del gasto público en educación superior como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), México se había caracterizado como uno de los países de menor inversión con menos del 1%.
Por tanto, las brechas al interior del país no hacen más que remarcar las existentes a escala global, lo que implica la necesidad de disponer de una política pública de compensación de rezagos para remontar los problemas acumulados entre regiones y las distintas universidades estatales.
Así, podríamos hacer múltiples comparativos en la desagregación de indicadores para observar su diferenciación, tales como eficiencia terminal, tasa de absorción o de abandono, en los cuales observaríamos que el Estado de Oaxaca se ubica en las escalas más bajas a nivel nacional, que implica, insisto, la necesidad de repensar los modelos, las políticas y presupuestos, además de las estrategias de gobernabilidad que han conducido al escenario de crisis institucional que resienten las universidades públicas, particularmente la de Oaxaca.
Ante esta tendencia de desigualdad, el proyecto de educación superior implica una sostenida corresponsabilidad entre el conjunto de autoridades del sector. Ello tiene que ver no sólo con el presupuesto, sino también con el saneamiento de cada universidad, pero sobre todo con el saneamiento de las relaciones entre federación, estado y universidades.
También constituye un doble reto para el proyecto “Visión y acción 2030”, a fin de disminuir brechas entre las universidades públicas estatales, donde no existan de primera ni de segunda.
Y el otro reto, con alta visión de Estado, es alentar las dimensiones estratégicas asociadas a la gobernanza del sector, con el saneamiento del conjunto de relaciones institucionales.
