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En la primera mitad del siglo XIX la inestabilidad política y social predominaba en la cotidianidad de un México novel en el gozo de la independencia; el interés de los intelectuales fue captado por los constantes cambios políticos. En 1821, la consumación de la Independencia significó una nueva posibilidad para ampliar el panorama cultural de nuestro país hacía una faceta diferente a la que prevalecía en el periodo novohispano.
Entonces la función de la imprenta fue necesaria para la nueva cultura, pues en el México independiente ya se podían y debían expresar más ideas.
“Gracias a la libertad de imprenta que permitía la manifestación del pensamiento sin cortapisas. Esto se reflejó en el aumento diario de las publicaciones en las principales ciudades del país. A los distintos periódicos de corte político se sumaron los folletos de la más diversa índole ─de corte polémico, de carácter religioso, de contenido científico─, entre otros muchos temas” (Suárez, 2005).
En la última de las 11 ocasiones en que Antonio López de Santa Anna gobernó a México (entre 1833 y 1855), el 25 de abril de 1853 se decretó la Ley de Imprenta, mejor conocida como la Ley Lares, en relación a su autor, Teodosio Lares, quien era ministro de Justicia.
Dicha Ley resultó la más opresiva de las que se dictaron en el siglo XIX; pues todos los impresores debían registrarse, con su nombre y domicilio ante la primera autoridad política del sitio en que radicaran; colocar un letrero en su establecimiento con el nombre del mismo y el del dueño; los impresos debían llevar el nombre verdadero del impresor y su domicilio, lugar y año de impresión. Respecto a la censura se establecía que: “Antes de proceder a la publicación de cualquier impreso, se entregará un ejemplar al Gobernador o primera autoridad política del lugar”.
La Ley Lares contemplaba algunas restricciones, solo por mencionar algunas:
1. Subversivos, todo aquello contrario a la religión católica, los que atacaran las bases de la Administración, al supremo gobierno, a los funcionarios en su vida privada o al decoro del gobierno.
2. Sediciosos los que publiquen noticias falsas que tiendan a trastornar el orden o inciten a la desobediencia.
3. Inmorales los contrarios a la decencia y buenas costumbres.
4. Los injuriosos contra la buena reputación.
Como consecuencia, en provincia sólo subsistieron los periódicos oficiales, y en la capital varios órganos liberales desaparecieron. Dicha ley silenció a editores, persiguió a escritores y, como consecuencia, la producción editorial disminuyó.
166 años después, parece irrisorio que alguien pretendiera por lo menos hacer algo similar, hoy en día no por decreto ni promulgación, pero sí como gota constante que perfora piedras, la sociedad ha encontrado en las redes sociales el sitio ideal para la no censura, ni de gobierno alguno, ni de ningún arremedo de editor.
Hoy en día la Ley de las redes se impone, sin que esto signifique que esté bien o sea lo correcto. Como sociedad tenemos mucho que trabajar para ejercer con responsabilidad el derecho de denuncia, el levantar la voz puede ser tan fácil que estamos expuestos a cometer el terrible error de escribir con el estómago y no con la cabeza.
Existen lamentablemente muchos ejemplos de cobardía escondida en el anonimato con fatales consecuencias, pero del mismo modo, la denuncia en redes se ha vuelto una herramienta de un valor agregado que difícilmente la puede controlar o acallar persona alguna, ya sea político, autoridad religiosa o seudolíder de opinión.
Es ahí donde todos tenemos que hacer conciencia, la libertad y el uso que hoy en día podemos hacer de los medios de comunicación electrónicos va más allá de solo emitir un mensaje, para que cientos, miles o millones de usuarios reaccionen de cierta forma a nuestros comentarios, estas herramientas, las redes, cuentan con un gran alcance, tan amplio como aquel que la Ley Lares en ese entonces pretendía coartar y que quizá en aquel tiempo simplemente no se podía ni imaginar.
Con ello, podemos darnos cuenta de la importancia que reviste nuestro derecho a la expresión, somos libres de pronunciar nuestra opinión respecto a cualquier tema, y este puede ser incluso de trascendencia, sin que esta pueda ser censurada, es un derecho del que gozamos y quizá por su cotidianidad no valoramos, es aquí donde radica la importancia de poder comunicarnos de una manera tan sencilla, que nos obliga a ejercer tal prerrogativa con gran responsabilidad.
Estar informados es un privilegio que podemos utilizar para generar conciencia, usemos de manera responsable los medios a nuestro alcance, démosle forma, nosotros mismos, la ciudadanía, los usuarios, los beneficiarios o afectados, sin censura alguna a la “#LeyDeLasRedes”
