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En los primeros años del mandato del entonces presidente Vicente Fox , ejidatarios de la comunidad de San Salvador Atenco impidieron que se construyera el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto ocurrió en 2002, año a partir del cual, para efectos prácticos, no pudo realizar ninguna obra importante que le diera un lugar decoroso en la historia de nuestro país. Dos sexenios después la historia parece repetirse, pero ahora no es con machete en mano como la sociedad civil ha bloqueado la construcción del aeropuerto en Santa Lucía , sino a través del poder judicial, que ha concedido amparos para suspender la construcción del nuevo aeropuerto y preservar la obra aeroportuaria construida durante el sexenio pasado. Algunos dirían que es un choque de poderes, en realidad es un equilibrio y una muestra de que la 4T está en marcha, pero no como algunos lo esperaban.
El conflicto generado por la construcción del aeropuerto en San Salvador Atenco, Texcoco , mermó el poder político del entonces presidente Vicente Fox. Pero también impactó a la población de la zona, pues muchos de ellos fueron calificados como conflictivos y esa mancha les dio menores oportunidades de empleo. Ese es uno de los costos que hay que pagar cuando se hacen protestas públicas, sean justas o no. La obra no se llevó a cabo y, en su lugar, se construyó la terminal 2 del aeropuerto.
La cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto se convirtió en lema de campaña del entonces candidato a la presidencia de la naciente organización política Morena . Al ganar las elecciones, convocó a una consulta pública para determinar si la construcción debería continuar o suspenderse. Es de sobra conocido cual fue el resultado, así como también que muchas voces se alzaron, desde diversos foros, para señalar que dicho ejercicio era una farsa al no tener los estándares mínimos de representatividad para ser considerada con seriedad. Algunos seguidores del actual presidente señalaron que por lo menos se estaba escuchando a la población. Independientemente de los posibles cuestionamientos a la consulta, la suerte estaba echada: se suspendería la obra sin importar el costo económico. El mensaje político era claro: no se harían las cosas como en sexenios pasados, sin importar el costo económico.
La sociedad civil organizada ha demostrado que también juega. Por ello es que promovieron amparos tanto para suspender la obra en Santa Lucía, como para mantener la obra del aeropuerto de Texcoco. Los tribunales federales hicieron su papel. Asumieron la responsabilidad que les corresponde y concedieron los amparos. Esto provocará que durante algún tiempo no se tenga avance en la construcción de ningún aeropuerto. Esa es la mala noticia.
La buena, es que las obras públicas de gran tamaño, en adelante, no sólo serán aprobadas por el poder ejecutivo. Será necesario demostrar, a través de las evaluaciones respectivas, que el proyecto debe llevarse a cabo. Las factibilidades mínimas que deben demostrarse son: técnica, ambiental, legal y económica. Si no se cumplen dichas factibilidades, la sociedad civil puede acudir a los tribunales para exigir al ejecutivo que demuestre que las obras no son ocurrencias sino resultado de estudios que demuestren su pertinencia.
La sociedad civil organizada está poniendo en jaque al poder ejecutivo. El poder judicial, a su vez, está asumiendo el papel que le corresponde. Esto, por sí mismo, es ya una transformación en la configuración política y social de nuestro país, probablemente no es el tipo de Cuarta Transformación que algunos esperaban, pero definitivamente es una evolución de nuestra sociedad que, si bien en el corto plazo puede provocar que la economía no crezca, en el mediano y largo plazos ayudarán a que el país se desarrolle y que la discrecionalidad del ejecutivo, así como la corrupción, se reduzcan.
Coordinador Académico de Negocios y Finanzas de la UDLAP Jenkins Graduate School.
