La bipolaridad de la revocación de mandato

Martí Batres, en su artículo de EL UNIVERSAL (23-03-19), salió en defensa de la postura de su fracción parlamentaria en el Senado de la República en torno a la revocación de mandato y vinculó la minuta que envió la Cámara de Diputados con lo que sucede en otros países y en las entidades federativas para intentar demostrar que ésta es conveniente para la vida democrática del país.

Este intento sólo hizo evidente que la revocación de mandato es bipolar y tiene una cara democrática y otra autoritaria y que su aprobación afectaría la relación entre los poderes constituidos.

Ambas circunstancias son inconvenientes y el Senado no debería aprobar la minuta lisa y llanamente.

El juicio político, que es una revocación de mandato indirecta, es decir, que los representantes de los ciudadanos revisan la actuación del Presidente de la República, entre otros servidores públicos electos, mediante un proceso en el que intervienen diputados y senadores, es poco factible en los próximos seis años en razón que el gobierno y el poder legislativo pertenecen al mismo partido político. No es previsible que haya una mayoría calificada de las dos terceras partes, ni siquiera mayoría absoluta para llevar un procedimiento de remoción del ejecutivo con éxito.

En ese sentido, a la representación política minoritaria y a la ciudadanía sólo les queda la vía de la revocación de mandato directa, mediante voto universal y abierto, para calificar la actuación del Presidente. Esta posibilidad político jurídica se incluye en la minuta de la Cámara de Diputados que establece que la tercera parte de cualquiera de las cámaras o el tres por ciento del padrón electoral podrán iniciar un proceso revocatorio. Esta es la cara que incorpora la democracia participativa correctiva de la voluntad expresada en las pasadas elecciones del 2018.

Esta parte debe aprobarse. El ritmo de las mañaneras, el rollo presidencial incesante y ofensivo contra todos y la inactividad o desorganización del gobierno demuestran que es necesaria una figura como éstas para que el pueblo pueda decidir si ratifica la decisión de julio.

Lamentablemente, sus efectos no pueden legítimamente comenzar este sexenio. Si se aprobara que se aplicara en el 2021 se violentaría un principio mínimo del Estado de derecho: la autoridad constituida que forme parte del poder constituyente no puede modificar las reglas políticas entre los poderes constituidos. Esto abriría la puerta a la posibilidad de que se pretendiera aceptar la reelección en este sexenio y esto lo ha señalado la oposición con claridad y contundencia.

Lo que tampoco debe aprobarse es el “derecho” del Presidente a someter a ratificación su propio nombramiento durante las elecciones intermedias del 2021. Esto es francamente un acto plebiscitario propio de regímenes autoritarios disfrazado de revocación de mandato, muy similar a las consultas en plaza pública a mano alzada en presencia del líder o las telefónicas que resultaban en expresiones de apoyo a la gestión del jefe de gobierno (entonces López Obrador) casi unánimes.

La revocación de mandato aprobada por la Cámara de Diputados es bipolar. Tiene una veta democrática y otra autoritaria. La primera debe aprobarse con efectos posteriores al 2024 para no violentar el Estado de derecho y la segunda debe excluirse totalmente.

La postura de Martí Batres que no modifica sustancialmente las condiciones de las elecciones intermedias no requiere argumentación adicional para demostrar su falsedad. Es obvio que si se pone en las boletas electorales de 2021 al Presidente esto provocará un efecto distorsionante e introducirá un elemento de falta de equidad en el proceso, lo cual vulnera los principios constitucionales en materia electoral. Esto es sinónimo de cargar los dados a favor del partido del Presidente, por cierto, el suyo, que es contra lo que siempre se opusieron. No hay que olvidar que Porfirio Díaz combatió con las armas la no reelección hasta que no le convino hacerlo y se quedó en el poder más de 30 años.

El asunto no es una mera cuestión de calendario. La discusión no puede desviarse a que solo se pide que se haga en fecha distinta a la que corresponde a las elecciones generales de 2021. Una revocación de mandato impulsada por el Presidente tiene un cariz de democracia popular autoritaria y no debe existir so pena de abrir la puerta a todas las prácticas que tanto se repudian de la época del partido dominante del siglo pasado.

Si la reforma constitucional pasa en los términos aprobados por la Cámara de Diputados, contrario a lo que opina (defiende) el Presidente del Senado, se afectaría gravemente la vida democrática del país y estaríamos en la antesala de un nuevo periodo autoritario disfrazado de cuarta transformación, en el que todos seríamos tratados como mascotas –López Obrador dixit- esperando las dádivas del poder ocultas en un gasto social, que en las condiciones planteadas no es redistribuidor, ni genera las condiciones de un desarrollo sustentable.