Llaman la atención las notas periodísticas publicadas sobre la administración del Poder Judicial de la Federación por el Consejo de la Judicatura Federal, seguramente proveniente de filtraciones de mala fe, que pretenden confundir a la opinión pública.
Con independencia de las cifras que se manejan en las notas, que son equivalentes al ahorro reportado en julio pasado, estas soslayan una de las características de los órganos del Poder Judicial, su naturaleza colegiada, lo que contrasta con el Poder Ejecutivo que es unipersonal y jerárquico.
El Consejo de la Judicatura Federal funciona en Pleno y en comisiones. Las discusiones del primero son dirigidas por el Presidente de la Suprema Corte y vota en las mismas condiciones que los demás integrantes y no participa en las sesiones de las comisiones, que son los órganos responsables de la administración, creación de nuevos órganos, adscripción, carrera judicial y disciplina.
En ese sentido, la crítica a la administración del Poder Judicial Federal, la destitución de jueces y magistrados, ni la persecución a los malos servidores públicos pueden ser atribuidos a un hombre o mujer. El Presidente de la Suprema Corte es corresponsable de las decisiones del Consejo en un séptimo – si fuera posible dividir la responsabilidad en un órgano colegiado - y su actuación está mediatizada por un aparato administrativo, cuyos servidores públicos integrantes del mismo, son responsables de la competencia específica que les corresponde conforme a las leyes y los acuerdos generales.
El personalismo –de lo bueno o lo malo- en el ejercicio de la función pública es una práctica de novatos que quieren ser reconocidos por todo lo que hace una institución, aunque su participación sea mínima, o de intrigantes que buscan obtener privilegios con la adulación al que llega al cargo y la denostación del que lo deja.
Por ejemplo, el proceso sancionatorio de un juzgador exige del cumplimiento de plazos rígidos para que el presunto responsable tenga la oportunidad de oponer una defensa suficiente y adecuada por simple respeto al debido proceso. En ese sentido, todo lo que haya sucedido en esta materia los primeros meses de la nueva presidencia de la Suprema Corte es producto de un trabajo previo de investigación y sustanciación de los procesos disciplinarios realizado en el 2018.
Lo mismo sucede con la solventación de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a cargo del Consejo de la Judicatura, cuya aclaración y atención requieren de diversas acciones ejecutadas en más de un ejercicio fiscal.
La renovación de la titularidad de los poderes públicos es una oportunidad para identificar insuficiencias y corregir el rumbo. Esa es la esencia del republicanismo que lo convierte en una mejor forma de gobierno en comparación con la monarquía. Sin embargo, la idea de que la alternancia en el mando de las instituciones es una renovación total, que desconoce lo construido colectivamente, es un acto de soberbia política, que suele conducir al fracaso y origina problemas mayores que aquellos que pretende resolver.
El síndrome de Adán –el primer hombre en el mundo- es aquel que padece un servidor público que, cuando toma posesión de un cargo, pretende reinventar todo y cree que nada bueno existía hasta su llegada, que es providencial para los demás. Nada más alejado de la realidad.
Toda obra humana es perfectible. El Poder Judicial de la Federación no se escapa de esta dinámica y el desempeño del Consejo de la Judicatura Federal es mejorable a través de sus órganos colegiados, que se renuevan escalonadamente. Los avances o retrocesos no son atribuibles al Presidente de la Suprema Corte. La falsedad de las notas periodísticas es evidente. ¿Quién quiere debilitar al Poder Judicial Federal? ¿Para qué? A alguien le estorba el equilibrio entre los Poderes de la Unión y seguramente tiene una quinta columna dentro del Consejo de la Judicatura Federal. Al tiempo.