A partir de la tragedia de Tlahuelilpan y luego de semanas de abasto limitado de combustibles en buena parte del país, hay claridad de que el problema del huachicol si se resuelve, no será pronto.
Muchas voces sugieren que la solución pasa por el endurecimiento de las penas para quien se involucre en la actividad. En el Congreso se busca volver delito grave el comercio ilícito de combustibles. Sin duda tener penas más graves para un delito que hoy se salva con el pago de una módica cantidad puede hacer que las personas que se dedican a la extracción, distribución o comercialización de combustibles robados se lo piensen dos veces.
Sin embargo, el tráfico de drogas también tiene penas graves y no se ha detenido. De hecho no es casualidad que los grupos de la delincuencia organizada se involucren en el tráfico de hidrocarburos. Drogas y combustibles robados tienen una característica común apetitosa para los criminales: el pago en efectivo.
El consumo de los hidrocarburos obtenidos de manera ilícita no se lleva a cabo prioritariamente en bidones de 20 litros a pie de carretera. La verdadera comercialización se da en estaciones de servicio o en los autoconsumos (mini-gasolineras), en los patios de maniobras de empresas transportistas o con grandes flotillas de transporte logístico. Ahí, los delincuentes llegan con sus pipas y de manera voluntaria o involuntaria se las reciben empresarios gasolineros, transportistas, de otras ramas económicas, a cambio de dinero en efectivo.
Es dinero rápido y fácil. Las penas severas pueden elevar el costo, pero no eliminan los incentivos a la actividad. En cambio, si desde el Congreso se prohíbe la compra y venta de combustibles en efectivo, las estaciones de servicio no podrían voluntaria ni involuntariamente pagar con cash a los huachicoleros. Los empresarios buenos y malos tendrían que demostrar que su consumo de diesel y gasolinas se hizo pagando una factura con una transferencia electrónica. Aunque quisieran recibir el producto robado, enfrentarían un problema: tendrían que hacer una transferencia electrónica y eso dejaría el rastro necesario para ir por los delincuentes.
Es cierto que en México no todo mundo tiene una tarjeta de crédito. Pero tampoco todo mundo tiene coche. Además, hay 200 millones de números telefónicos celulares en nuestro país. ¿Cuántos de esos celulares funcionan con efectivo irrastreable? Ninguno. Incluso si se compra una tarjeta de prepago con cash, queda huella: se sabe a quién se vende la tarjeta y quién usa el saldo. La información se puede cruzar, hay control fiscalizador. Súmele que los bancos mexicanos y el gobierno federal se han planteado como meta potenciar la bancarización por celular.
La evidencia científica en el mundo dice que el menor uso de efectivo inhibe las actividades ilícitas. Es un golpe al corazón del crimen… sin tantas afectaciones sociales.
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