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Esto ocurre de manera cotidiana en México:
Robo de mil 500 millones de pesos de cuotas para el retiro de trabajadores de Sinaloa durante el gobierno de Mario López Valdez, Malova; robo de mil millones de pesos de cuotas descontadas a trabajadores de Veracruz con Javier Duarte; empleo de más de dos mil millones de pesos públicos para el uso personal y político de aeronaves oficiales en el gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo, adquisición de 36 propiedades por parte del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien descontaba a los empleados de gobierno cuotas para servicios sociales y las destinaba a las arcas del PRI local para hacer campañas; desvío de miles de millones de pesos de recursos públicos federales para la reconstrucción de casas de damnificados por los huracanes Ingrid y Manuel en Guerrero, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, Sedatu, con el resultado de que las casas nuevas se tuvieron que demoler por mal hechas y mal ubicadas; contratos por casi mil millones de pesos otorgados a la Universidad Autónoma de Nuevo León por parte de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente para dar servicios que le son completamente ajenos; entrega con aval de la Cámara de Diputados y la SEP al Partido del Trabajo de un negocio privado, subsididado con recursos públicos para abrir centros de desarrollo infantil en 12 estados y que sus dirigentes se embolsen cientos de millones de pesos; uso de los recursos municipales como si fueran la pollería del alcalde de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, que además amenaza y extorsiona a sus opositores; compra millonaria de medicinas caducas y falsas, de origen chino, en el sistema de salud de Guanajuato, en el gobierno de Miguel Márquez.
Apenas ejemplos de algunos de los casos documentados y revelados en los espacios periodísticos a mi cargo, que sirven para mostrar el retrato de la corrupción generalizada de la clase política mexicana.
En el discurso, todos son demócratas y luchadores contra la corrupción dignos de países como Suecia o Dinamarca. En la realidad, están felices con un esquema institucional inoperante y empantanado, que permita que las corruptelas en todos los niveles de gobierno, todos los partidos, y todos los órganos del Estado se sigan haciendo como si nada.
Hoy en México no hay fiscal general ni fiscal electoral ni fiscal anticorrupción. En el Senado, no se ponen de acuerdo ni para emitir una convocatoria. Y el auditor superior de la Federación está a punto de dejar su cargo y habrá que elegir en el Congreso a su sucesor. Otro nombramiento que caerá al pantano político. Entraremos a 2018 con todas esas instancias descabezadas.
¿No será que en realidad a todos les acomoda que no funcionen las instituciones que deben vigilarlos e investigarlos? Eso sí, en tribuna son justicieros y adalides de la democracia. ¿Son o se hacen? Se hacen, sin duda.
SACIAMORBOS. Ensoberbecido, como si marchara en primer lugar en las encuestas y tuviera la sucesión en la bolsa, el PRI no tiene empacho en que quede claro que nos quiere ver la cara. La más reciente es la patética declaración del coordinador de los diputados del PRI, César Camacho. Justificó a sus groseras legisladoras, quienes en plena sesión para aprobar el paquete económico le gritaron el “eeeeeeeeehhh… ¡puto!” al diputado de Morena Mario Ariel Juárez. Dijo que no le habían dicho “puto” sino “bruto”. La videograbación del momento no deja espacio a la duda. Pa-té-ti-co.
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