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El caso de Elba Esther Gordillo fue uno de los mayores fracasos judiciales de la PGR en el sexenio de Peña Nieto. La ex presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación quedó libre el 8 de agosto del año pasado y los expedientes de la PGR en su contra se fueron cerrando poco a poco con las resoluciones del Poder Judicial.
Días después de su liberación, Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, dijo que la dependencia ya no tenía más investigaciones en contra de La Maestra. Elba Esther, ya libre, ejecutó otro más de sus cambios de identidad: ahora es aliada de la Cuarta Transformación.
Andrés Manuel López Obrador ofreció borrón y cuenta nueva. Gordillo no demoró en tomar la oferta. Y al parecer, el mensaje lo entendió la hoy Fiscalía General de la República, que dice que no resguarda ni una copia de la primera averiguación previa que abrió en contra de Elba Esther por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que llevó a su captura el 26 de febrero de 2013. Hoy se cumplen seis años.
A una solicitud de transparencia realizada por el periodista Mario Gutiérrez Vega con el fin de tener acceso a una versión pública del expediente, la Fiscalía respondió que el ministerio público de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, adscrita a la SEIDO, ¡no dejó copia en los archivos! Una de las respuestas más asombrosas que se hayan dado: la investigación que llevó a la cárcel a Gordillo ya no existe en la Fiscalía.
La FGR tampoco transparenta otras dos averiguaciones que tenía en contra de Elba Esther Gordillo: clasificó como reservadas por cinco años las averiguaciones previas UEIORPIFAM/AP/023/2013 por delincuencia organizada y otros delitos, y la UEIORPIFAM/AP/219/2013 por evasión fiscal. La Fiscalía argumenta que ambos expedientes se encuentran “en trámite”, por lo que no puede dar acceso a una versión pública de ambos.
Lo más divertido es que la Fiscalía señala que la difusión de las investigaciones “puede comprometer la persecución de los delitos” y “puede alertar o poner sobre aviso a los involucrados”. ¿De qué habla? Desde hace meses las pesquisas están cerradas y Elba Esther duerme tranquilamente en su departamento de Polanco.
Es todavía más irónico que la Fiscalía ponga también como pretexto (para no revelar información de expedientes a pesar de que están concluidos) el honor y la reputación de las personas, el hecho de que tienen derecho a la presunción de inocencia, mientras el presidente López Obrador emplea sus conferencias mañaneras para acusar todos los días, con nombre y apellido, pero sin pruebas, al que se le ponga enfrente. Está claro que en la 4T hay quienes tienen derecho a la presunción de inocencia (Gordillo, Napito, Deschamps, Jiménez Espriú, Rioboó), y hay quienes no.
Al Inai, tan vapuleado también por el presidente, le toca resolver si la Fiscalía puede heredar la opacidad que caracterizó a la PGR de Peña Nieto. La solicitud de información la hizo Gutiérrez Vega durante el gobierno del presidente AMLO. Es una prueba de transparencia para esta administración.
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