A Édgar Daniel Esqueda Castro lo sacaron de su casa hombres armados que dijeron ser policías ministeriales de San Luis Potosí. Incluso regresaron minutos después para llevarse sus teléfonos celulares. Tres días después fue encontrado muerto, con tres balazos en la cabeza.
Desde junio, Édgar Daniel, fotógrafo de prensa que con frecuencia cubría incidentes de seguridad pública en los que encontró obstáculos de parte de policías investigadores para hacer su trabajo, había presentado una queja ante la comisión estatal de derechos humanos por amenazas que estaba recibiendo a nombre de supuestos mandos de la policía ministerial, bajo los nombres clave de Aries y Zeus.
El día 13 de ese mes la comisión estatal emitió medidas cautelares dirigidas al comisario de la Policía Ministerial, José Guadalupe Castillo, para “garantizar la integridad y seguridad personal” del fotoperiodista.
También informó del caso al Comité de Protección a Periodistas, de la Secretaría de Gobierno del estado, y al Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación federal.
Se supone que ambas instancias tuvieron que entrar en contacto de inmediato con el periodista amenazado y debieron brindarle protección frente a ellas. No se sabe si lo hicieron. Normalmente ese trabajo para proteger a los informadores se hace sin publicitarlo.
Lo que sí se sabe es que todas las medidas dictadas desde la comisión de derechos humanos, el gobierno estatal y la administración federal no sirvieron absolutamente para nada. Así, Édgar Daniel es el onceavo periodista asesinado sólo en 2017. Y el número 36 en lo que va del presente sexenio.
No sólo es que los mecanismos diseñados supuestamente para proteger a los periodistas sean inútiles. Es también que, cuando son asesinados o agredidos, las instancias de gobierno que dicen poner todo su empeño en dar garantías a los informadores son absolutamente ineficientes para, primero, identificar a los responsables, y después para hacer que paguen sus crímenes. No son pocos los casos en que la ineficiencia se acerca más a la complicidad y el encubrimiento.
La lista de colegas asesinados sigue creciendo. Los discursos oficiales siguen en lo mismo. Garantías, integridad, protección, son palabras huecas que aparecen en el machote de los funcionarios de todos los niveles de gobierno y de los organismos autónomos cada vez que la noticia recurrente vuelve a las primeras planas: uno más que matan.
En algunas ocasiones dirigen la culpa al crimen organizado, a los delincuentes, así, en genérico. El problema es que en muchos estados cuesta trabajo distinguir a los criminales de los funcionarios de seguridad y los encargados políticos. San Luis Potosí, con su muy peculiar descomposición político-delincuencial, no es excepción. Confirma el patrón nacional.
Tal vez sea momento ya no sólo de cuestionar a fondo, como lo hemos hecho desde hace meses, la forma en que operan los mecanismos presuntamente para proteger periodistas, sino de plano de boicotearlos, darles la espalda, rechazar el modelo mediante el cual se convierten en instancias burocráticas como cualquier otra dentro de las estructuras administrativas, receptoras de presupuesto, inoperantes, desesperantemente inútiles.
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