Uno de los estandartes del próximo presidente de México es que recortará el sueldo de los altos funcionarios. El suyo, como primer mandatario, de entrada. Y también el de su gabinete, y los subsecretarios, y los ministros de la Corte, y prácticamente todo mando de la administración pública federal.
Lo que no ha dicho, porque no tengo claro si lo sepa, es qué va a hacer con la Nómina Secreta.
Le podemos llamar así a una práctica común entre burócratas de alto nivel en nuestro país: reciben parte de su sueldo a través de transferencias a tarjetas o cuentas bancarias, y ese es el monto total del salario que se reporta en el presupuesto y por el que firman; pero paralelamente, les llegan sobres con dinero en efectivo que contienen un jugoso sobresueldo (a veces equivalente a su ingreso declarado) por el que no pagan impuestos ni firman ningún papel. No está claro de dónde viene el dinero ni se muestran interesados en investigarlo. Sencillamente les llega su complemento salarial en cash, y listo.
Uno podría elaborar y sospechar sobre las fuentes de financiamiento de esta nómina secreta: los cobros informales, las mordidas, la corrupción, transferencias sobre las que no hay rastro formal, entradas de dinero que tienen los gobiernos sobre las que no existe en el sistema bancario ningún documento.
La Nómina Secreta es sobre todo una práctica común en el sector público a nivel estatal. Altos funcionarios de los gobiernos de los estados son contratados, desde un inicio, con la explicación de que tendrán dos fuentes de ingresos —una declarada y otra subterránea— y que la suma de ambas constituye el pago que recibirán por los servicios prestados.
¿Desaparecerá López Obrador esta Nómina Secreta? ¿Optará por mantenerla como un mecanismo de control político o de retención de talentos frente al recorte formal de sueldos de los funcionarios que ya ha echado a andar sin posibilidad de freno?
La necesidad de limpiar la Nómina Secreta es un primer expediente. Depurarla o formalizarla. Erradicarla o incluirla institucionalmente en las cuentas presupuestales.
El segundo es abrir en el país un debate sobre los sueldos de los funcionarios públicos. ¿Habrá quienes decidan renunciar ahora que saben que les van a pagar la mitad? En dado caso, ¿sus salidas darán oxígeno a un Estado mexicano estancado por un estado de cosas que se ha heredado por años, por un sistema que permitió prácticas que hoy no son aceptadas por la ciudadanía, o por el contrario implicarán la pérdida de la experiencia, las herramientas técnicas y el conocimiento de quien ha estado en la cabina de mando, y la entrada de mandos novatos a los que espera una larga y tediosa curva de aprendizaje, y quienes prometen no ser corruptos pero nunca han tenido los cañonazos en frente?
Esta sola medida lopezobradorista es jugada en el tablero del ajedrez político por sus causas, sus consecuencias y sus lecturas.
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