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Desde hace más de dos años, Pemex y la Secretaría de Hacienda abrieron un expediente por las prácticas de la poderosa empresa gasolinera Hidrosina. La indagatoria la llevó la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, entonces comandada por José Antonio Meade, y fue reforzada con los informes de Petróleos Mexicanos, en ese momento dirigida por José Antonio González Anaya, y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La indagatoria determinó que Hidrosina, empresa cuyo dueño es Jorge Karam Kassab, compraba combustible robado de los huachicoleros y tenía enormes beneficios económicos gracias a ello. El expediente parecía incontrovertible: las autoridades detectaron diferencias notables entre los volúmenes de combustible comprado a Pemex y el que reportaban como vendido en sus estaciones de servicio. Hacienda y Pemex llegaron a la conclusión: el diferencial se lo está comprando a los huachicoleros.
Con el expediente armado, Hacienda y Pemex fueron ante la Procuraduría General de la República, cuyo titular era Raúl Cervantes, y a pesar de varias reuniones al más alto nivel, el asunto nunca avanzó: la PGR no judicializó el caso y el expediente contra Hidrosina quedó, como muchas otras cosas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, navegando en la impunidad.
El expediente contra Hidrosina se había abierto tras la salida de Emilio Lozoya de la dirección general de Pemex, cuando el gobierno federal anterior anunció que emprendería acciones decisivas contra los huachicoleros. En el actual sexenio del presidente AMLO, el ahínco contra los huachicoleros es prioridad nacional, y como parte de ello ha ido mucho más lejos contra Hidrosina y su dueño.
Hidrosina tuvo otro expediente con la PGR de Raúl Cervantes. Estaba vinculado al caso del saqueo a Veracruz por parte del ex gobernador Javier Duarte. La empresa gasolinera buscó una negociación, aprovechando el acceso e interlocución que tenía en el sexenio anterior (asunto que merecería por sí solo una indagatoria), para que no se le abriera un proceso judicial a cambio de devolver cientos de millones de pesos de los veracruzanos que habían terminado en sus estados financieros. Fue parte del millonario monto que obtuvo de regreso el entonces gobierno de Veracruz, encabezado por el panista Miguel Ángel Yunes en coordinación con la PGR de Raúl Cervantes.
En esa misma época, Hacienda y Pemex abrieron un segundo expediente del que tampoco se supo nada después. Identificaron que la empresa Scribe utilizaba combustible robado para su producción. Llevaron el expediente a la PGR y de nuevo, la PGR no actuó. Ante ello, los funcionarios financieros del gabinete de Peña Nieto acudieron a la Cofepris, bajo el mando de Mikel Arriola, que realizó clausuras en una planta ubicada muy cerca de instalaciones de Pemex, con un argumento que navegó entre el peligro en el uso de combustibles y el daño al medio ambiente. Ahí quedó el asunto.
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