Después de asesinar a trece personas, incluyendo un bebé, Adrián Fernández “El Pelón” acudió a su oficina en Petróleos Mexicanos en Minatitlán, Veracruz, y pidió una licencia de tres días para ausentarse sin goce de sueldo.
Cuando su nombre empezó a circular en los medios de comunicación como uno de los autores materiales de la matanza más significativa en lo que va del sexenio del presidente López Obrador, tramitó una segunda licencia, esta vez, para ausentarse durante un mes.
Esa es la información que han obtenido los órganos de inteligencia del gobierno federal, que han dado seguimiento al personaje a partir de los hechos violentos que tanta zozobra causaron.
Adrián Fernández “El Pelón” y quien supuestamente es su jefe, Tomás Alvarado Chávez y/o Tomás Sánchez Alvarado “El Lagarto”, presunto jefe de esa plaza para el cártel Jalisco Nueva Generación, son considerados por las autoridades federales y estatales como quienes perpetraron la masacre de Minatitlán por un pleito por drogas.
El gabinete de Seguridad, según me revelan fuentes de primer nivel, tiene esta información que se inserta dentro de un mapa mucho más amplio en el que se ubica al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como uno de los principales detonadores de violencia en el país, que utiliza como método de expansión de sus negocios la venta de “franquicias” a organizaciones criminales locales: éstas pueden usar su nombre, que está posicionado como el cártel más poderoso de México, a cambio de ser socios en las ganancias que arrojen las actividades delictivas.
De hecho, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, ubicado como líder del CJNG, es considerado por las nuevas autoridades federales de inteligencia como uno de los dos principales generadores de violencia, junto con José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima, principal huachicolero de México.
La nueva estrategia de seguridad —lo ha dejado claro el presidente López Obrador— no contempla “objetivos prioritarios”, es decir, no prioriza la detención de los líderes de las organizaciones criminales. Esto ha generado tensiones con el gobierno de Estados Unidos, cuyas agencias de inteligencia están acostumbradas a compartir con México información que lleve a la captura de capos importantes y que puede ser difundida en medios de comunicación de ambos países. El actual gobierno mexicano ha declarado que su objetivo es bajar los delitos que más impacto tienen sobre la gente, y se basa en que cuando un alto mando de un cártel es detenido, siempre hay quien quiera tomar su lugar y en ese intento suele derramarse más sangre de la que se busca contener. Sin embargo —lo dicen los asesores de seguridad del Presidente— serán aprehendidos aquellos altos mandos que se le “crucen” a la administración federal en su estrategia.
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