El Director General del IMSS, Germán Martínez, en su clásico estilo oratorio, señaló con dedo flamígero la práctica muy extendida de la sub-declaración salarial que utilizan algunos patrones para pagar menos cuotas obrero-patronales en perjuicio de ese Instituto y los trabajadores. Esta evasión de contribuciones consiste en dividir la percepción de los empleados en dos: la primera parte, el salario y base, que en promedio en el país es cuatro veces salarios mínimos antes del aumento por decreto reciente, y la segunda, un pago en bonos o compensaciones, previa expedición de recibo de honorarios, en el mejor de los casos, cubiertos por otra empresa para disimular esta duplicidad.
Otras prácticas evasivas de cuotas del seguro social son la contratación por honorarios, el uso de pasantes o aprendices, la contratación con terceros ajenos a la empresa principal de servicios de limpieza, seguridad, mensajería, entre otros (el mal llamado outsourcing), los empleados que completan su ingreso con propinas no declaradas como sucede en restaurantes, cafeterías, gasolineras, acomodadores de vehículos y un sinfín de actividades registradas en el rubro de subempleo.
Esta cruzada contra la ilegalidad que va a emprender el IMSS, que en el sexenio pasado consistió en la creación del régimen de incorporación fiscal que aumentó la inscripción con el incentivo de otorgar reducciones en el pago de los impuestos sobre la renta y el valor agregado, deberá empezar por solicitar que las instalaciones penitenciarias se multipliquen, por lo menos, diez veces. Esta afirmación proviene de una simple inferencia que se obtiene del diferencial entre el salario real registrado en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y el salario promedio de cotización en la seguridad social.
Hay que tener cuidado. No debiera suceder que, como parte de las estrategias de saneamiento financiero del sexenio pasado o de austeridad del presente, se utilice una fuerza de trabajo en el que el esquema de pago de “bajo costo”, que implica la evasión de pago de cuotas. Esto ya pasó en el IMSS, incluso en las áreas de auditoría a patrones, había personal contratado por honorarios. Hubo épocas que esta situación era normal.
También hay que tomar en cuenta que uno de los entes públicos que utilizan más intensamente estas estrategias de “ahorro” en el capítulo 1000 del presupuesto -servicios personales- la contratación por honorarios y el “outsourcing” es el Poder Legislativo. Situación que se pretende corregir, pero que implica un esfuerzo financiero importante.
Este no es defecto del nuevo gobierno. En otras épocas, los Secretarios de Hacienda hacían declaraciones similares. El problema es que ayer como hoy, la práctica evasiva que se denuncia es lo que legalmente procede para los trabajadores inscritos en el ISSSTE, por quienes las dependencias pagan las cuotas sobre el sueldo base, que representa, en promedio, sólo el 20% del ingreso de los servidores públicos y el resto es una compensación garantizada no gravada por ley. Con esto se afectan, por mandato de ley, en forma permanente las reservas para la atención médica –insuficiente e inoportuna- y se reduce el monto pensionario, que representa el 10 % del último ingreso en activo, lo que es una crueldad para quienes deben continuar trabajando a los 70 años o más para evitar esta caída en sus percepciones.
¡Vaya que es injusto! Además, hay que agregarle que la austeridad del nuevo gobierno, eliminó el seguro de gastos médicos mayores, que aumentará la saturación de los servicios médicos del IMSS e ISSSTE, y el seguro de separación individualizado, con lo que la previsión social de los servidores públicos se afecta en forma significativa.
El alegato de que esto no es nuevo y el nuevo gobierno lo va corregir sería una farsa o un engaño. Primero, porque esto es un problema estructural de fondo del mercado laboral y los incentivos para el patrón y el trabajador para evitar la evasión (no inscripción al seguro social o sub-declaración), relacionada con la vinculación de las cuotas del seguro social a la nómina, que debe ser sustituida por un aseguramiento universal.
La discusión sobre la necesidad de una segunda generación de reformas a la seguridad social, en el sentido antes señalado de extensión amplia de la cobertura, todos los gobiernos y partidos políticos la han soslayado y han preferido declaraciones vistosas y actitudes enjundiosas, que se van apagando con la misma velocidad que se dan cuenta que persiguiendo esta práctica, que se ha generalizado y hasta legalizado por defectos en el diseño del sistema, sólo provocan injusticias. El que no sea culpable que arroje la primera piedra. Pongámonos bíblicos, es la moda.