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El financiamiento público a los partidos políticos es uno los aspectos menos populares del sistema democrático mexicano. Cada año, cuando el INE anuncia el monto de recursos que se repartirá entre los partidos políticos, la opinión pública recibe la noticia con indignación. No le queda claro que sea un gasto necesario ni qué recibe a cambio de ese dinero.
Por ello, nadie debe llamarse a sorpresa por las decenas de propuestas de reforma constitucional para reducir el financiamiento público a los partidos políticos. De acuerdo con Estrategia Electoral, tan sólo en la última legislatura se presentaron 28 iniciativas con este propósito. A ellas se suma la que dieron a conocer hace unos días los diputados de Morena, Tatiana Clouthier y Mario Delgado, que busca recortar a la mitad la bolsa anual de financiamiento público ordinario y modificar la fórmula de reparto entre los partidos políticos.
Reducir el costo de la democracia es un noble propósito. Sin embargo, las iniciativas de recorte de las subvenciones a los partidos políticos deben analizarse a la luz de su impacto en el sistema de financiamiento de estos institutos y de las campañas electorales. El sistema actual surgió con la reforma electoral de 1996. Se basó en un esquema de financiamiento público permanente, dirigido a sostener las actividades ordinarias de los partidos, sobre el cual se montó otro complementario para las campañas electorales.
El sistema mexicano de financiamiento a partidos y campañas electorales se construyó a partir de una enorme desconfianza a la entrada de recursos privados a la política. El dinero proveniente de fuentes privadas se consideró como una causa potencial de corrupción electoral. Bajo esa premisa se privilegió el uso de recursos públicos, al mismo tiempo que se pusieron límites estrictos a las donaciones de simpatizantes, militantes y los propios candidatos.
El resultado ha sido un sistema de partidos políticos totalmente dependiente del financiamiento público. Un rápido vistazo al dictamen del INE sobre los reportes financieros de los partidos para el ejercicio ordinario de 2017 muestra que las subvenciones públicas representan el 95.7 % de los ingresos de los partidos.
La fuente principal de financiamiento privado son las aportaciones que los partidos reciben de sus militantes. Se trata en buena medida de descuentos a las dietas de legisladores tanto locales como federales, así como de aportaciones de otro tipo de servidores públicos que tienen o aspiran a ocupar cargos de elección popular.
Las aportaciones de simpatizantes son una rareza en el sistema de financiamiento de partidos y campañas electorales. El PAN, que es el partido que más aportaciones de simpatizantes recibió en 2017, recaudó menos de 0.2 % de sus ingresos por este concepto.
En el sistema de financiamiento de partidos y campañas de México, los partidos “recaudan” dinero al hacer campañas electorales. El 70% de la bolsa de las prerrogativas se distribuye de acuerdo con la votación obtenida en la elección anterior. Esta regla le da al sistema un sesgo a favor del statu quo. A quien le fue bien en el pasado recibe más dinero y tiene más recursos con qué pelear la siguiente elección. El sesgo ha ayudado a darle estabilidad al sistema de partidos, pero sin inhibir la alternancia. Al final del día, la principal beneficiaria ha sido la oposición, que ha contado con recursos suficientes para montar campañas exitosas.
He aquí el gran mérito del actual sistema de financiamiento de partidos y campañas: ha garantizado la existencia de una oposición fuerte y, con ello, el derecho del pueblo a cambiar de partido gobernante. Por ello, a pesar de su escasa popularidad, no debemos alterarlo con ligereza, pues se corre el riesgo de cambiar la libertad política por un plato de lentejas.
