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La elección presidencial de julio de 1871 ha sido una de las más controvertidas en la historia de México. En ella contendieron Benito Juárez, titular del Ejecutivo desde 1858, Sebastián Lerdo de Tejada, quien había estado al mando de distintos ministerios en las administraciones juaristas, y Porfirio Díaz, cuya carrera militar le había ganado notoriedad en diversos círculos de poder.
El artículo 76 de la Constitución de 1857 establecía un procedimiento electoral según el cual los ciudadanos elegían a un representante de su distrito, quien sería el encargado de sufragar ante una junta coordinadora, durante tres días seguidos, por diputados, Presidente y presidente de la Suprema Corte. También se contemplaba una segunda vuelta, sólo aplicable para el Ejecutivo federal y si alguno de los candidatos no había obtenido una mayoría absoluta, en la que únicamente votarían los diputados, con la garantía del anonimato, para designar al máximo jefe de la nación.
Aunque Juárez tenía gran número de simpatizantes, la opinión generalizada de la prensa y del electorado rechazaba sin ambages la posibilidad de una reelección. Así lo demuestra una nota del diario El Ferrocarril, en la que se advirtió que cada voto por Juárez contribuía a fortalecer una dictadura perpetua. El 11 de julio, el periódico lerdista La Reconstrucción insinuó que los comicios habían sido manipulados por anticipado y censuró los festejos de los juaristas: “Los repiques de ayer deberían más bien haber sido el toque de muerte, porque las instituciones, estropeadas por el juarismo, pronto sucumbirán”. La misma publicación dedicó otra nota al proceso, en la que señaló: “Dícese que anteayer se verificaron en esta capital las (elecciones) de diputados al Congreso de la Unión, y ayer las de presidente de la República. A nosotros no nos consta que haya habido elección; lo que hemos presenciado es que se ha hecho una farsa en la que obedientes y sumisos han ido a depositar cédula que de antemano les habían dado los amigos del poder. El pueblo ha visto con la mayor indiferencia lo que se ha llamado elecciones, no ha tomado ninguna parte en esa comedia, por lo que creemos que no se conformará con lo que a su nombre se ha hecho”.
Mientras la prensa discutía la legalidad de los resultados favorables a Juárez, Díaz declaró, desde Oaxaca, que era el primero en respetar y reconocer el triunfo de su adversario. La sospecha de un fraude se extendió por todo el país, al grado que el 18 de julio, en las páginas de El Siglo Diez y Nueve, se leyó: “El Sr. Juárez se dirige a tener mayoría en las juntas preparatorias del congreso; en ellas se deben calificar las credenciales de diputados, y como esto se resuelve por mayoría, se están falsificando credenciales, y por esto aparece doble elección en varios distritos. La reelección ya no se conforma con ser la hija de la violencia y de la fuerza, sino que lo es también del delito que merece el presidio”.
Lerdo, pese a algunos atisbos de inconformidad, resolvió reincorporarse a sus labores como presidente de la Corte, sin embargo, la presión ejercida por los medios y las dudas entre la población pusieron en entredicho la legitimidad de un nuevo mandato juarista, obligando con ello a dirimir la controversia por medio de una segunda vuelta. A mediados de octubre, el Congreso ratificó el nombramiento de Juárez.
Díaz aprovechó la coyuntura y el 8 de noviembre proclamó el plan de la Noria, en el cual denunció: “La reelección indefinida, forzosa y violenta, del Ejecutivo Federal, ha puesto en peligro las instituciones nacionales (...) Que la elección de Presidente sea directa, personal, y que no pueda ser elegido ningún ciudadano que en el año anterior haya ejercido por un solo día autoridad o encargo cuyas funciones se extiendan a todo el Territorio Nacional (...) Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, y ésta será la última revolución”.
Aunque la llamada rebelión de la Noria fue sofocada, la muerte de Juárez —el 18 de julio de 1872— fue el preámbulo del llamado porfirismo, que duraría más de tres décadas.
