Se ha insistido en que la corrupción es uno de los problemas más acuciantes que enfrenta el país. Con su acostumbrado cinismo, los gobernantes han obviado su relevancia y han buscado minimizar su impacto. Sin embargo, según información estadística recabada y difundida por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) “la cifra negra —el porcentaje de delitos de corrupción cometidos pero no castigados— es de 95%”.
El anquilosamiento de las instituciones encargadas de velar por la transparencia socava los intentos por estrechar el cerco sobre los beneficiarios de los manejos turbios. Aunado a ello, Enrique Peña Nieto sugirió que se hable de la corrupción como un asunto cuyo trasfondo es cultural. Pese a esos burdos intentos por invisibilizarla, figura entre los tópicos que más preocupación generan en la ciudadanía, apenas por debajo del rubro de la inseguridad y la delincuencia.
En este año de transición es bochornoso que ninguno de los aspirantes a la Presidencia haya marcado el rumbo que seguirá la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en caso de que su proyecto sea el vencedor. La incertidumbre se incrementa cuando Andrés Manuel López Obrador asegura que basta con la ejemplaridad para erradicar un mal social tan complejo como éste.
Mientras tanto, las administraciones local y federal preparan el terreno para una sucesión sin damnificados, y no parece que vaya a darse un paso al frente al menos hasta el 1de diciembre de 2018. El temor a las represalias y la desconfianza institucional recrudecen, en la conciencia ciudadana, los ejemplos históricos de impunidad y lastran el ímpetu de la denuncia.
La ya mencionada asociación MCCI ha hecho circular un documento revelador en el que se detalla la estrecha relación que la baja calidad de los servicios públicos guarda con las prácticas corruptas. En el texto se incluye también un decálogo que promueve, entre otras cosas, el respeto a la ley, la erradicación de las “mordidas”, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la sanción a los corruptos y el reconocimiento a la honradez de quienes no lo son.
Es cierto que la vía a seguir para iniciar una cruzada por la transparencia debe tener sus cimientos en la legislación y contar con el amparo de una política de Estado. Pero no podemos depositar todas nuestras expectativas en las autoridades, debemos ejercer la presión necesaria para que se pongan en marcha los proyectos con miras a perfeccionar la administración de justicia.
En muchas ocasiones se ha repetido que las personas somos más proclives a igualarnos en la degradación. A mí, como a todos, la realidad me confirma que nuestros prejuicios no siempre tienen fundamento. El sismo de la semana pasada coincidió con el extravío de mi cartera. Luego de una tarde extenuante, recibí una llamada en la que alguien me avisó que había encontrado mis pertenencias, entre las que además de mis identificaciones se encontraban documentos que me eran de vital importancia. Le dije al bienhechor que, dada la urgencia por recuperarlos, estaba dispuesto a ofrecerle una gratificación, al tiempo que le rogué que me los entregara ese mismo día. Sin importar la hora —era casi la medianoche—, accedió a ir a mi encuentro y se negó a recibir la remuneración.
El ejemplo no es trivial, pues constata que no basta con poseer valores, debemos ponerlos de manifiesto en nuestras acciones, ya que estas son las que nos permiten atender su importancia en nuestras interacciones sociales. Para defender los valores es necesaria cierta beligerancia, dado que representan la negación de conductas que repudiamos, y son ellos los que resguardan el compromiso que tenemos con un código moral que consideramos inalienable. Sólo a los ciudadanos nos corresponde esa ardua tarea de dar forma a la vida cívica.
Cuando estaba a punto de cerrar este artículo, Transparencia Mexicana hizo público un resumen del Índice de Percepción de la Corrupción 2017, en el que nuestro país ocupa el número 135 de los 180 evaluados, lo que significa que la situación empeoró con relación a 2016, principalmente porque no se han implementado acciones para sancionar los actos que atenten contra el interés público. Esperemos que las elecciones no nos obliguen a descender aún más en la escala dantesca.
