Perdió la gubernatura, pero salió ganando. Ese es el caso de Carlos Lomelí, quien se enfrentó en julio del 2018 a Enrique Alfaro por la gubernatura de Jalisco bajo el emblema de Morena y perdió. Pero después Andrés Manuel López Obrador lo nombró superdelegado de Jalisco, con lo que no tiene la silla de gobernador, pero tiene la cartera federal bajo su control.
El argumento de AMLO fue que desaparecían los puestos de delegados para cada secretaría federal en los estados para dejarlo en manos de un solo individuo como medida de austeridad y combate a la corrupción. Pero Carlos Lomelí es la prueba de que los superdelegados son en realidad una figura que creó el nuevo gobierno para ser el poder dentro de las entidades no gobernadas por Morena.
Carlos Lomelí es además una muestra de que el cambio que promete AMLO de que en su gobierno no habrá empresarios favoritos, es una promesa que no se cumplirá. Es una muestra de que las fichas del juego se revuelven y caerán en manos distintas, pero seguirán existiendo los empresarios consentidos del gobierno.
Y es que cuando el presidente anunció en su conferencia matutina que tres empresas quedaban fuera de las licitaciones del gobierno en materia de medicamentos, Carlos Lomelí debió haber sonreído al saber que su propia empresa, Grupo Lomedic, sería la gran beneficiada. Él sería el ganón de que Fármacos Especializados, Dimesa y Maypo quedaran vetadas de las compras gubernamentales.
Grupo Lomedic es la mayor de las empresas de Carlos Lomelí dedicadas a la distribución de medicamentos. Ésta nació y creció cuando López Obrador fue Jefe de Gobierno del DF, permitiéndole pasar de ser un funcionario público que en 1997 tenía una casa modesta a ser hoy un empresario multimillonario, dueño de varias casas, aviones y barcos. Grupo Lomedic es una de las empresas de Lomelí —no la única— que ha estado señalada e investigada por lavado de dinero por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de EUA (OFAC). Y, sin embargo, ahora podrá participar en licitaciones del gobierno sin la competencia de las tres empresas vetadas, calificadas por AMLO como inmorales.
El IMSS es el tercer adquiriente público más grande de bienes y servicios en el país. Sólo Pemex y la CFE hacen compras mayores. A ello hay que sumar las compras de medicamentos del ISSSTE. Compras por las que el gobierno tiene fuertes adeudos, como lo ha reportado la ANDIS, Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud. En el caso del IMSS, tan solo para 2015 y 2016, hay adeudos por 5 mil millones de pesos. En el caso del ISSSTE, la deuda del 2018 es de 2 mil 600 millones de pesos.
Así que mediante el anuncio de veto a las tres empresas, el gobierno las coloca en una posición vulnerable para obligarlas a negociar estos adeudos. Más ganancia para AMLO: le ayuda en su negocio a su amigo multimillonario, actual superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí, y obliga a estas tres distribuidoras a renegociar la deuda con el gobierno bajo presión al margen de la ley porque, hay que aclarar, hasta el momento no hay investigación ni denuncia jurídica en contra de las empresas vetadas. Solo sospecha y denuncia mediática.
Apostilla: Lo que ocurre en Venezuela no es un golpe de estado. Es un esfuerzo encabezado por el presidente legítimo interino, Juan Guaidó, para que el dictador Nicolás Maduro deje de usurpar el poder y permita elecciones libres y democráticas para que el país pueda reencauzar su rumbo. El momento es ahora, ha dicho Guaidó, algo que dentro y fuera de Venezuela, se ve como tal. La Operación Libertad ha dado un paso más al frente, un paso fundamental. Mientras Maduro únicamente ha aparecido vía twitter a decir que sigue al mando.
@AnaPOrdorica