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En cuestiones de transparencia es muy fácil. Cuando uno quiere, puede. Lo demás son pretextos. Cierto, quizá hay complejidades burocráticas (o incluso teóricas) en los procesos de apertura, pero todas ellas son sorteables. Otra vez: cuando uno quiere. Y lo que ha quedado más que claro en los 12 meses y 6 días desde el sismo del 19 de septiembre de 2017 es que ni el gobierno federal, ni los gobiernos de la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Estado de México tuvieron la intención de transparentar sus acciones ni los recursos para la emergencia y la reconstrucción.
Y cómo no van escudarse en pretextos y opacidad si a donde sea que nos asomemos, hay cientos —y si le vamos sumando, hasta miles de personas— que siguen viviendo en condiciones indignas después de los sismos, que han tenido que pasar por verdaderos calvarios burocráticos para conseguir absolutamente nada, que quedaron sin nada y siguen sin nada. Gente que sigue esperando el dictamen de sus edificios, el depósito prometido, la famosa ficha del censo que nunca llegó.
Y lo paradójico es que por cifras no paramos. La simulación se plasma en cada discurso, en cada entrevista, en cada gira. Nos llenan de datos y porcentajes. Nos presentan informes. Hacen “cortes de caja”. Y ¿qué pasa cuando uno pone la lupa? Bueno, pues pasa que nos damos cuenta de que llevan poco más de un año diciendo, en el mejor de los casos, verdades a medias. Tomemos, por ejemplo, el tema de la educación. El presidente Peña dijo hace solo unos días que “el 100 por ciento de los alumnos afectados por los sismos asiste hoy a clases”. De hecho, según la organización Save the Children, la afirmación del presidente está lejos de la realidad. Hay muchos, miles, que todavía hoy no han podido regresar a sus escuelas o toman sólo un par de horas de “clases” en condiciones indignas: en el piso, con apenas una carpa sobre sus cabezas —“infraestructura” pagada, por cierto, por los propios padres de familia—. Hay, también, más de 1,800 niños en las comunidades en las que ellos trabajaron, que desertaron: las “aulas temporales” puestas para la emergencia simplemente quedan demasiado lejos de sus casas como para ir. ¿Cuántos niños hay en estas mismas circunstancias? No sabemos.
El IMCO trató evaluar la reconstrucción de escuelas, en pesos y centavos. De cuadrar cifras, pues. Y resulta que no cuadran: que si comparamos datos de Hacienda con datos de la SEP hay diferencias notables. Que incluso si comparamos datos de distintas oficinas de la propia SEP, las cifras no checan.
Este desaseo —voluntario o involuntario— surge del análisis de una sola declaración de Peña. Podríamos elegir una declaración de cualquier autoridad responsable y encontraríamos la misma opacidad. Contrasta el extraordinario trabajo de transparencia que han impulsado las organizaciones de la sociedad civil en torno a la emergencia y la reconstrucción. Hay ahí mucho que autoridades de distintos niveles podrían aprender. Todavía es tiempo: como lo sugirió el INAI en días recientes, debemos impulsar la creación de un fondo único que reúna los recursos públicos, donaciones privadas y un sistema robusto de monitoreo y participación para que los mexicanos sepamos exactamente quién aportó cada recurso, cómo se planeó y ejecutó cada programa y cómo está hoy la población a la que se supone están dirigidos los programas. No debiera haber problema para implementarlo. Otra vez: En cuestiones de transparencia es muy fácil. Cuando uno quiere, puede.
Twitter: @anafvega
