Es prácticamente un hecho que la iniciativa que presentó la semana pasada la todavía senadora Olga Sánchez Cordero para regular el uso lúdico, médico y comercial de la marihuana en el país se apruebe en los próximos meses. Seguramente se hará con ciertas modificaciones: el PRI ya presentó su propia iniciativa (que contiene restricciones sobre lugares de uso y modelos comerciales), al igual que Movimiento Ciudadano. El PRD en Diputados presentó también una iniciativa en dirección de la despenalización. El PAN, en voz de su nuevo presidente Marko Cortés, ha dicho que “no está cerrado” a votar a favor de su uso lúdico, aunque hay legisladores panistas en ambas cámaras en total desacuerdo con la posibilidad.
En fin, que el escenario está puesto para poder debatir amplia y abiertamente sobre el tema y a llegar a una legislación que amplíe el marco de la libertad personal y que deje de castigar desproporcionadamente —como lo hace el actual marco de la prohibición— a un sector de la población particular: la mayor parte de las personas que hoy cumplen una condena en cárceles mexicanas por “posesión simple”, son jóvenes provenientes de contextos marginados.
Pero el camino para la iniciativa final, principalmente para su eventual implementación, no será fácil. El tema enfrenta todavía mucha resistencia en términos de opinión pública. Por eso, una buena parte de la labor del Estado mexicano deberá estar enfocada en ofrecer información objetiva, argumentos sólidos y —sobre todo— un plan de implementación serio que eduque, sirva para sus propósitos y sensibilice a la población.
La opinión pública ha evolucionado sobre el tema, sin duda, pero hay camino que recorrer. Echemos un vistazo: De acuerdo con datos de la encuestadora Defoe, el tema está muy presente para los mexicanos: el 85% dice saber sobre el debate de la despenalización. Sin embargo, a pesar del alto conocimiento, se enfrenta una resistencia importante en sectores de la población que dicen estar “muy en desacuerdo” (31%) y “en desacuerdo” (16%). Las personas que dicen estar “muy de acuerdo” representan sólo el 6% y “algo de acuerdo”, el 17%. Un 26% dice “no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo” con la legalización de la marihuana, cifra que —sin duda— representa una oportunidad para que —otra vez— con argumentos y datos sólidos, la iniciativa pueda tener más apoyo social.
Pero los legisladores no deben subestimar la fuerza de las percepciones negativas que produce el tema. Al respecto, llama la atención que la percepción de los mexicanos no mejora ni bajo dos premisas: 1. que la marihuana es menos dañina para la salud que el alcohol o los cigarros, ni 2. que sus usos medicinales están más que comprobados. Lo que sí baja, una vez expuestos a estos argumentos, es el número de indiferentes: sube un 2% el número de personas “muy de acuerdo” y 3% las personas “algo de acuerdo”.
Planteada esta radiografía de la opinión pública, partidos políticos, legisladores y organizaciones civiles tendrán una labor informativa crucial. Entender el perfil y cuáles son las causas y preocupaciones del alto porcentaje de personas que se oponen a la iniciativa, les ayudará a dar una batalla más efectiva en lo que, estoy convencida, es lo mejor para México.
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