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"En el Gobierno de la República hemos adoptado un enfoque proactivo en materia de transparencia y apertura gubernamental . En esta sección ponemos a tu disposición información que contribuye a una gestión pública abierta y que rinde cuentas.” Con estas palabras abre la página de transparencia del portal del gobierno federal , del famoso (y costoso) gob.mx.
Un enfoque proactivo. En materia de transparencia y apertura gubernamental. El chiste se cuenta solo. En otro apartado, el gobierno federal presume su estrategia de datos abiertos, en cuya página se pueden consultar “más de 34,066 datos de 252 instituciones”; en otro, pide que los usuarios “compartan historias” de cómo los datos “son capaces de crear valor e impacto para todos”. En otro más, presume que México es el “primer país en implementar la Guía de Apertura Anticorrupción en el mundo”.
Esa es la narrativa que la administración del presidente Enrique Peña Nieto se ha empeñado en empujar durante su administración: los datos abiertos, la innovación y la tecnología al servicio de lo público.
Qué bien suena todo eso, ¿no? Lástima que no corresponda con la realidad. O que, en todo caso, corra en paralelo a ésta.
Tomemos un solo caso: en febrero de 2017, las organizaciones que conformaban el llamado “núcleo de la sociedad civil” de México en la Alianza por el Gobierno Abierto, le envió una carta al gobierno federal exigiéndole una respuesta frente a las acusaciones de espionaje a activistas y periodistas que en su momento reveló el diario The New York Times . La carta no obtuvo respuesta en 3 meses. Nadie se dignó a contestar a las que —se suponía— eran organizaciones con las que estaban trabajando muy cercanamente en temas de apertura y transparencia. Como consecuencia, las organizaciones decidieron exhibir la actitud de la admnistración del presidente Peña y abandonaron el llamado Secretariado Técnico Tripartita —conformado por ellos mismos, el gobierno federal y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) — argumentando, textual, que “en México no existen las condiciones para una participación libre y segura de la sociedad civil que permitan avanzar en la agenda del gobierno abierto”.
Pero no solo eso, las 10 organizaciones que conforman el núcleo argumentaron también que no solo preocupaba el espionaje —y la nula intención del gobierno federal de investigar el caso— sino también “la actuación de distintas dependencias del Ejecutivo Federal que buscaron disminuir el alcance o modificar sustancialmente, de manera unilateral, los compromisos y líneas de acción” en materia de apertura y transparencia, tal y como habían sido negociadas con ellos. En otras palabras: que la intención de apertura de la administración de Peña era meramente cosmética. Que habría apertura mientras no doliera, mientras no tocara intereses profundos, mientras no lograra desarmar el aparato que permite la corrupción en México, mientras les sirviera para hacer reuniones internacionales en las que pudiera presumir la farsa.
En estos 11 meses, no solo no se ha castigado a nadie por ese espionaje, ni se ha ofrecido la mínima explicación pública de lo sucedido. Lo que sí ha pasado es que la crisis de credibilidad se ha profundizado. La cicatriz está lejos de cerrar. Hace unos días se llevó a cabo la Primera Cumbre Nacional de Gobierno Abierto y Transparencia : gran convocatoria, expertos internacionales, representantes de gobiernos de varias partes del mundo. En la convocatoria, se leía: “Invitan: Inai y Núcleo de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México”, es decir, dos de los tres que formaban el Secretariado Tripartita. —¿Y del Ejecutivo?, —pregunté, ¿quién va del Ejecutivo? —¿De dónde? —me respondieron. Así las cosas.
