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El caso de Marco Antonio Sánchez, adolescente de 17 años cuya detención y desaparición llegó a la conversación pública es atípico…y qué bueno que así sea. Apareció. La opinión pública ejerció presión, levantó la voz y el chico apareció. Cierto, el caso de ninguna manera puede quedar ahí. Hay demasiadas preguntas y violaciones a los protocolos por los que las autoridades tendrán que responder. Pero apareció vivo.
No así las 31 mil 125 personas desaparecidas en el país en los últimos años —mujeres, hombres, niños, niñas, mexicanos y extranjeros, de todas las edades y condiciones. Esas personas, además, han desaparecido dos veces. La primera, esa vez que nunca más llegaron a donde iban: a sus casas, escuelas, oficinas, a la casa de un amigo; cuando salieron de fiesta y jamás regresaron, cuando los detuvo la policía municipal y nunca volvieron, cuando le hablaron a su mamá desde el taxi y jamás bajaron de él. La segunda cuando se nos olvidaron, cuando se nos fueron juntando uno a uno y se nos volvieron cifras, cuerpos descompuestos en fosas clandestinas, sin identidad y sin historia.
Nuestro olvido colectivo —ese que se desempolvó unos días con el caso de Marco Antonio— es perverso, y le da el pretexto perfecto al Estado mexicano para seguir haciendo lo único que hecho: administrar el dolor y las expectativas de los familiares de las víctimas de desaparición. Han pasado leyes, han creado instituciones, han contratado burócratas y han jugado —como juegan siempre— a premiar o castigar con el presupuesto.
La amnesia colectiva se extiende hasta las precampañas. Las 31 mil 125 personas desaparecidas no han merecido una palabra de los precandidatos. Ni una idea, ni una propuesta, ni un gesto. Como no son parte de “la conversación” y el tema “no pinta”, y como tampoco es —calculan ellos— un asunto que jale o quite demasiados votos, mejor ni sacarlo. No vale la pena correr el riesgo de salir embarrados en un tema del que nadie se salva: todos han sido responsables.
Los precandidatos ni siquiera han hablado en la coyuntura del caso de Marco Antonio. Su silencio no toma por sorpresa a los colectivos de familiares. “Nadie habla de esto”, me dicen, “estamos por hacer un pronunciamiento”. Quieren sentar a los precandidatos —como lo hicieron ya hace 6 años en una reunión en el Alcázar del Castillo de Chapultepec— y obligarlos a tomar una postura, a verlos a la cara, a escuchar sus reclamos y el cansancio arrastrado. “Hace seis años eso nos sirvió para saber lo que nos venía, y no nos equivocamos”. Lo que les venía. Lo que nos venía a todos. Lo que ellos no verían regresar nunca más.
Hoy, por si los precandidatos necesitan el dato —en las afueras de la Secretaría de Gobernación, hay al menos 18 madres de personas desaparecidas. Están en huelga de hambre. Tres de ellas se encuentran en estado crítico de salud. Sus hijos no han regresado. Después de 10 días nadie las había recibido. Se me ocurre que quizá ese sería un buen pretexto —si es que necesitan otro más— para dar la cara.
PASE USTED.
El despilfarro: ¿En qué momento bordar el nombre del funcionario junto con el logo del gobierno en turno se volvió uniforme oficial de los burócratas y políticos mexicanos? Es un detalle, de acuerdo, pero es un detalle que habla cantidades de dónde están puestas sus prioridades. Y nuestros impuestos.
@anafvega
