Alarmado por lo que se relataba —incrédulo incluso— el senador demócrata por el estado de Oregon, Jeff Merkley, decidió hace un par de semanas ir a un centro de detención de inmigrantes ilegales en Brownsville, Texas. El senador fue sin permiso oficial para entrar, a pesar de que su equipo de trabajo había estado tratando de tramitarlo desde hacía días. En la entrada de una vieja caja de zapatos —es decir, un edificio de Walmart desde hace tiempo sin utilizar, y todo transmitido en vivo a través de Facebook Live—, las autoridades prohibieron que Merkley ingresara para verificar las condiciones en las que se encuentran los niños que han sido separados de sus familias por entrar ilegalmente a Estados Unidos. La última crueldad institucionalizada de Donald Trump.
Más de 10 mil niños están siendo hoy retenidos en unos 100 refugios en distintos lugares de Estados Unidos. Son menores no acompañados, pero también —crecientemente— niños que desde el inicio del plan Tolerancia Cero, cortesía del procurador Jeff Sessions, son separados de sus familias al ser detenidos. En sólo un par de semanas, más de 2 mil. “Si no quieren que pase esto”, dijo Sessions hace unos días, “no traigan niños con ustedes”. Este tipo de detenciones han aumentado un 20% desde el inicio de Tolerancia Cero, hace unas semanas. El asunto ha escalado a tal grado que, de acuerdo con la propia administración del presidente Trump, los refugios están al 95% de su capacidad, así que está considerando construir una “ciudad de tiendas” en las que podrían vivir estos menores.
A pesar de que existen versiones contradictorias de las condiciones en las que están viviendo los menores ya separados de sus familias, recuentos de prensa, del propio Merkley, así como de otros legisladores locales y federales, hablan de que los niños duermen en colchonetas en el suelo, separados por género y edad en lo que no podría ser descrito más que como jaulas —“barreras de malla”, como prefiere llamarlas tramposamente la Casa Blanca— instaladas en bodegones o tiendas de autoservicio vacías.
La Texas Civil Rights Project, una organización que se dedica a la defensa de los derechos de los inmigrantes, ha documentado en estas últimas semanas que cuando son detenidas las familias, los agentes migratorios dicen a las madres o padres que llevarán a sus hijos a bañar y que ya no los vuelven a ver, que cuando se los llevan no les dicen a dónde los trasladan, e incluso documentaron un caso en el que los agentes separaron a una madre hondureña de su bebé mientras estaba amamantando.
Organizaciones de defensa de migrantes, más de 540 grupos de activistas, abogados y sicólogos especializados en trauma infantil, senadores federales, congresistas locales han apelado a Trump para que termine con este horror. ¿Y el gobierno de México? ¿Qué está haciendo? No sabemos. De hecho, hace solamente unos días solicité una entrevista a la Cancillería sobre el tema. Quería saber, entre otras cosas: ¿Cuántos de estos niños son mexicanos? ¿En qué condiciones están? ¿Duermen en las condiciones de las que se ha hablado? ¿Los mantienen en esas especies de “jaulas”? ¿Cuántas horas al día están encerrados? ¿Qué atención reciben? ¿Quién acompaña sus procesos legales? ¿Sus familias saben en dónde están? ¿México recibe la notificación correspondiente para activar la ayuda consular? La respuesta de Cancillería a mi petición: “Por el momento no se van a emitir declaraciones al respecto”. Ahí la enérgica respuesta de nuestro valiente gobierno. Que no se arme acá el escándalo, que el horno no está para bollos.
Hoy un pensamiento para esos niños, los menos culpables de todo.
Twitter: @anafvega