Una parte del problema de inseguridad en el que está sumido el país —no todo, por supuesto— tiene que ver con el abismo de distancia que hay entre las policías que necesitamos y las que tenemos. Para ponerlo en términos simples: queremos policías confiables y eficaces y tenemos, bueno, tenemos las policías que tenemos, que lejos de inspirar respeto y orden, son un factor más de inseguridad. Quizá por ello tendemos a no mirarlas ni a poner la atención en las condiciones en las que todos los días hacen su trabajo.
¿Sabía usted, por ejemplo, que la tercera parte de los policías del país gana menos de 10 mil pesos al mes? ¿Que muchos de ellos tienen que buscar otros trabajos para poder sostener a su familia? Que, de acuerdo con datos recabados en una encuesta a más de cinco mil policías federales y estatales realizada por la Organización Causa en Común, de esos 10 mil pesos mensuales, casi el 50% de los policías tuvieron que pagar por sus botas y el 43% por su uniforme porque su empleador, es decir, el Estado (así, con mayúsculas) o les dio un uniforme incompleto o se los dio de tan mala calidad que ellos tuvieron que entrarle al quite para cumplir con la normativa. O que el 23% dijeron tener que pagar por sus cartuchos, el 22% por las reparaciones que se tienen que hacer a sus patrullas, el 14% dijo incluso tener que pagar su propio chaleco antibalas y, en el absurdo total, el 8% dijo pagar frecuentemente por la gasolina para sus patrullas. Y éstos son los policías federales y estatales. Las condiciones de los municipales son, en muchos casos, infinitamente peores. Se han documentado, por ejemplo, municipios en los que solo hay un elemento de la policía y cuya patrulla lleva meses parada porque no hay dinero para su reparación. La policía a cargo hace, sola, los rondines a pie. Escribe los reportes a sus jefes, detiene a los criminales, recibe peticiones ciudadanas y trata de resolverlas…todo sola.
La precariedad de sus condiciones de trabajo y las amenazas a las que son sometidos, han hecho que en lugares como Salamanca, Guanajuato, las autoridades hayan tenido que contratar a una empresa de seguridad privada para hacer los patrullajes. El mando único, dice el gobernador, hace que la policía estatal esté en otros lugares más “calientes” y que se descuiden otras zonas. Entonces a contratar privados. Una locura.
Van más datos para completar la fotografía: ¿incentivos para mejorar? Prácticamente nulos: el 70% de los policías federales y estatales jamás han recibido un ascenso o un reconocimiento por su labor. Nunca. ¿Y el entorno?, ¿su trabajo diario? Poco más de la mitad (54%) aceptan que hay corrupción en su corporación con el 33% declarando que sus superiores les piden pagarles una “cuota”. ¿Capacitación? Uno pensaría que, frente a la amenaza del crimen organizado que combaten diariamente y que en promedio asesina a un policía al día, por lo menos podrían hacer cosas como practicar tiro con sus armas, ¿no? Bueno, pues no. El 25% de los policías estatales respondieron que jamás practican tiro.
En suma: a pesar de los miles de millones de pesos que —nos dicen las autoridades— se han invertido en los últimos años para la profesionalización, capacitación y control de confianza, las policías subsisten, y lo hacen en unas condiciones indignas y precarias. A veces amenazados y a veces reclutados por el crimen. Y la responsabilidad pasa por el Ejecutivo, los gobernadores y los alcaldes.
¿Cuál es el plan para que esto cambie? ¿Cómo podemos construir los mecanismos de supervisión continua para asegurarnos de que nunca más un policía tenga que pagar por sus botas o morir porque su pistola no tenía cartuchos? El desafío criminal es enorme y los mexicanos no vamos a recobrar la seguridad simplemente teniendo buenas policías, pero si no las tenemos, es un hecho que jamás llegará la tan anhelada paz.
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