Expertos y organizaciones
dedicadas al tema hablan de una epidemia , ni más ni menos. De las más de 33 mil personas desaparecidas de las que oficialmente se tiene registro, a octubre de 2017 se contaban las desapariciones de 6 mil 189 menores en el país, casi el 20% del total de las desapariciones. Son los niños, niñas y adolescentes desaparecidos en México. Cuatro de cada cinco desapariciones registradas —74.1%— han ocurrido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto . Es la epidemia de Peña, una de la que nadie habla y de la que los gobiernos estatales son cómplices omisos y silentes.
Las niñas, niños y adolescentes mexicanos corren más riesgo desaparecer entre los 12 y los 17 años. En el caso de las niñas, 80% está entre los 13 y los 17 años; para los niños y adolescentes, entre los 10 y los 17 años. Por entidad federativa, no sorprende encontrar entre los primeros lugares a Puebla, Estado de México, Baja California y Colima. De entre los 10 municipios con el mayor número de desapariciones de menores acumuladas en el país, tres están en el Estado de México y dos en Tamaulipas.
El diagnóstico es claro, contundente. Las historias, una más dolorosa que la anterior. Está, por ejemplo, la de Karla Romero Tezmol, de 11 años, que salió un 13 de enero de 2016. Iba a su escuela en San Pablo del Monte, Tlaxcala . Nunca llegó. Su mamá, al ver que Karla no volvía a la hora de la comida le llamó a la directora. Ella le dijo que no se preocupara, que posiblemente su hija se había ido “de pinta” con algún compañero. Después, relata la madre, tuvieron a la familia “dando de vueltas y vueltas ahí en la procuraduría ”. Durante los primeros 21 días de la desaparición de Karla, el gobierno de Tlaxcala se negó a emitir la Alerta Ámber —el instrumento “estrella” de las autoridades para iniciar protocolos de búsqueda de niños en el país. Luego la emitió, pero solo para desactivarla a los 5 días. Meses después, se enteró la familia, la fiscalía del estado no tenía siquiera una averiguación previa . De Karla, sobra decir, nadie sabe nada.
La epidemia es de tal magnitud y el pasmo del Estado mexicano de tal tamaño, que el caso llegó a una audiencia pública de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el 7 de abril de 2016. Ahí, expertos develaron una imagen brutal: los niños, niñas y adolescentes que desaparecen en México no son sólo menores, sino que provienen, en su mayoría, de entornos de pobreza y discriminación múltiple. El efecto de la violencia, dijeron los expertos, es “especialmente grave y desproporcionado” para ellos.
En esa ocasión, una red de 77 organizaciones de protección a la niñez, logró que el Estado mexicano se comprometiera a por lo menos nueve acciones, de las cuales cinco no se han cumplido, entre ellas: crear una mesa sobre el tema en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores y en la conferencia nacional de procuración de justicia “para eficientar y acelerar las acciones de coordinación y búsquedas de la desaparición de niños niñas y adolescentes”. Tampoco se han implementado protocolos especiales para la búsqueda y localización de menores. Existen graves deficiencias en la implementación de un nuevo marco legal y a la fecha, la red no tiene conocimiento de que el Estado mexicano haya enviado a la Comisión un reporte, al que se comprometió, para informar sobre avances en el tema. Por cierto: seguimos sin que Peña logre nombrar al titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas , como lo obliga la ley. En suma: ni el presidente , ni gobernadores , ni legisladores han hecho lo que tenían que hacer. Por lo visto, el diagnóstico no les quita el sueño. Que la epidemia avance.
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