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Su nombre era José Antonio Flores Juárez y tenía 14 años. Vivía en Ciudad Valles , corazón de la huasteca potosina. Su mamá, doña Macrina Juárez, dice que su hijo “era muy tranquilo, no era agresivo ni nada; era tranquilo, no era muy sociable, era muy tímido (…) él no estudiaba, a él no le gustaba la escuela, pero sí trabajaba conmigo. Nosotros vendemos tamales”.
De acuerdo con información oficial, José Antonio, de 14, y otro adolescente de 19 años se metieron presuntamente a robar a una propiedad de la Directora de Comunicación Social del Ayuntamiento, Margarita Almaguer. Tres policías municipales recibieron el reporte, fueron al lugar y detuvieron a los chicos. Hasta ahí todo bien. Lo que sucedió después es lo que resulta terrorífico. Resulta ser que los adolescentes fueron “paseados” durante horas mientras que los torturaban, los obligaron a desnudarse, los golpearon en al menos dos momentos durante su detención, les dieron choques eléctricos, les rociaron gasolina y los hicieron tomar agua sucia —los policías, sí, los encargados del orden público.
Los jóvenes, en mal estado, fueron llevados a la comandancia municipal, en donde un médico legista certificó que estaban “en buen estado de salud”. De acuerdo con las investigaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), horas después ese mismo médico legista recibió a los jóvenes en la Subprocuraduría de Justicia de la Huasteca Norte y emitió un nuevo reporte médico —ahora sí documentando el grave estado en el que se encontraban— y los envió de emergencia al hospital. Durante su estancia ahí, José Antonio permaneció esposado y murió cuatro días después a causa de los golpes recibidos. El parte médico dice que tenía los intestinos perforados, edema cerebral y traumatismos múltiples. La CEDH ya aplicó al joven de 19 años el Protocolo de Estambul —estándar internacional para determinar si alguien ha sido sujeto de tortura o no— con resultados positivos. Fueron torturados.
Como si no fuera suficiente, a doña Macrina nadie le avisó que su hijo estaba detenido. “Nadie nos avisó, cuando yo supe él ya estaba en el hospital muy grave y ahí nadie nos quería decir nada (…) hasta después, que nos dijeron que estaba deshecho”, me dijo en entrevista para W Radio. Aún después de muerto, ningún ministerio público o autoridad municipal se acercó a ella.
La alcaldesa interina de Ciudad Valles, Alicia Juárez Luna, me dijo que las autoridades municipales no tenían por qué avisar a la mamá de José Antonio de su detención y que los muchachos habían sido presentados en perfecto estado de salud a la Subprocuraduría. Por su parte, el subprocurador me relató que al recibirlos “la agente del ministerio público advierte que el menor se quejaba de que tenía dolencias en el vientre”. ¿Los jóvenes ya estaban lastimados?, pregunté. “Es correcto”, me dijo. ¿No le parece preocupante que la presidenta municipal diga que ellos los entregaron sanos?, le pregunté. El subprocurador respondió: “Bueno, ella a fin de cuentas puede tener alguna postura al respecto y nosotros como autoridad la respetamos. No obstante, nosotros tenemos una investigación seria (…)”.
¿Ella puede “tener una postura”? ¿”Nosotros como autoridad la respetamos”? A ver, creo que no se entendió: un joven fue torturado y asesinado a golpes por policías municipales de Ciudad Valles y no hay un solo detenido. La autoridad municipal se deslinda, la estatal dice que está investigando: ¿Quién miente? ¿Quién encubre a quién? ¿En manos de quiénes estamos?
