Lo que develaron las renuncias del comisionado para la reconstrucción de la ciudad de México, y las de Katia D’Artigues, Mauricio Merino, Fernando Tudela (y los que se acumulen) como miembros de esa misma comisión es verdaderamente escandaloso, pero no sorprende. Desde hace años la Ciudad de México ha sido rehén de camarillas políticas —particularmente provenientes del PRD, pero también del PAN— que han utilizado las estructuras delegacionales y legislativas para crear redes de “apoyo territorial”, hacer operación política de las peores formas, vender caro su amor al jefe de Gobierno en turno y gastar a manos llenas y en lo oscurito, el dinero público.
Estos grupos políticos han secuestrado la ciudad poco a poco simple y sencillamente porque han podido, porque a partir de cierto punto los ciudadanos “preguntones” reciben, en el mejor de los casos, un portazo en la cara, y en el peor, amenazas, intimidaciones o de plano, el uso injustificado de la fuerza pública. A pesar del discurso que, una y otra vez, intentan imponer las autoridades capitalinas, la estructura política, burocrática y legal de la ciudad de México no ha hecho más que reforzar la opacidad en la toma de decisiones, el diseño y ejecución de las políticas públicas y la asignación del presupuesto. En la Ciudad de México, el ciudadano no es primero, ni segundo ni tercero.
Esta estructura ha dejado florecer a personajes como Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero —señalados de secuestrar el dinero para la reconstrucción desde sus curules en la Asamblea Legislativa. Desde hace años, estos personajes y los grupos que encabezan, han utilizado sin pudor sus cargos públicos, lo mismo en las delegaciones que gobernaron, como en la Asamblea, para empujar agendas o proyectos que se encuentran muy lejos, de las necesidades o reclamos de una ciudadanía diversa y crecientemente participativa. Luna, Toledo y Romero se han aprovechado, además, de un andamiaje institucional y legal que les permite simular transparencia y apertura sin tener la más remota intención de cumplir con los estándares básicos en el tema. Ah, sí: y decirse ofendidos.
Hoy, estos políticos hicieron un mal cálculo. Pensaron que podrían adjudicar a su antojo el dinero de la reconstrucción sin que nadie reparara en ello… o que lo hiciera tan tarde que no hubiera forma de reparar ni de rastrear el año causado. Pensaron también que, dado el caso, podrían argumentar que el asunto de los fondos para la reconstrucción se ha politizado y que se les acusa, injustamente, porque hay intereses políticos que quieren acabar con ellos. Se equivocaron. En este tema no hay “dos partes”, por más que los diputados quieran llevar la discusión pública hacia allá. Hay una: la de los ciudadanos, la de los cientos de damnificados que hoy todavía viven en campamentos improvisados en camellones de la ciudad de México, la de los miles que no han recibido los dictámenes oficiales para tener alguna certeza jurídica, las de todos los que buscan y merecen respuestas.
Las renuncias de Ricardo Becerra, Katia D’Artigues, Mauricio Merino y Fernando Tudela a la Comisión de Reconstrucción, lograron poner un alto a la pretensión de estos pequeños señores feudales de usar nuestros recursos para avanzar sus oscuras agendas políticas. La administración capitalina deberá asegurarse de que haya absoluta claridad y transparencia. Ya veremos. Aún así, es una victoria agridulce. Luna, Toledo y Romero buscan ya su próximo espacio de impunidad en la Cámara de Diputados federal, cortesía del Frente PAN-PRD. Bonita tapadera.
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