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En 2014 el jefe de gobierno de la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, decidió que la capital del país debía convertirse en una ciudad inteligente, una smart city. Mancera presentó su estrategia y los recursos públicos se invirtieron, entre otras cosas, en una cuenta de Twitter (@innovacioncdmx), a través de la que se enviaban mensajes tipo: “La #Innovación es más que un concepto, es una forma de vida”, “El protagonista eres tú…Escribe la historia. Forma parte de #SmartCity #SmartCityCDMX”.
Durante 3 años Mancera y sus colaboradores nos hablaron de “ciudades resilientes”, “seguridad ciudadana”, “digitalización” y otras máximas vacías, como si solo nombrándolas se materializaran. Estaban en eso —y en definir el timing para saltar a la carrera presidencial— cuando a las 13:14 de la tarde del 19 de septiembre todo cambió.
La tragedia desnudó la frivolidad del discurso y las graves omisiones con las que operaba el gobierno capitalino. Frente al vacío, los ciudadanos respondieron. En cosa de horas, voluntarios reunidos en torno a #verificado19s implementaron un protocolo de información y respuesta rápida para los sitios colapsados. De hecho, en medio del desastre la noche del 21 de septiembre, el propio equipo del jefe de Gobierno llamó a voluntarios de #verificado19s desde el C5 —su centro de operaciones— para pedirles que “ojalá” actualizaran más rápido la información en su plataforma digital porque ellos —sí, los innovadores funcionarios de la smart city— la estaban usando para evaluar necesidades y daños. De ese tamaño.
Han pasado ocho semanas y el gobierno de la ciudad ha sido incapaz de abrir, por ejemplo, información básica sobre el catastro público vigente e histórico. Organizaciones de la sociedad civil y expertos en desarrollo urbano acusan a la ciudad de no crear algo tan básico como un atlas de riesgo funcional, con datos abiertos y herramientas de consulta mínimas.
Pero la historia se pone todavía peor. Hoy sabemos que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal (organismo descentralizado del gobierno capitalino), realizó antes del 19 de septiembre un estudio que documenta que en la ciudad hay 260 mil edificaciones ubicadas en una zona “de vulnerabilidad estructural” y que algunas escuelas requerían “mantenimiento urgente, pues la falta de este ha llegado a dañar los elementos estructurales y por consiguiente se ha afectado la estabilidad de los edificios escolares”. Imposible saber si éstas fueron afectadas o no por los sismos de septiembre pasado. No hay datos que nos permitan hacer una relación entre edificios en riesgo y los dañados por el sismo.
¿Pensaba el gobierno de Mancera hacer pública esta información? ¿Su opacidad costó alguna vida? ¿Cuántos padres y madres de familia supieron que sus hijos asistían a clases en escuelas con reporte de riesgo estructural? ¿Cuántos dictámenes previos al terremoto dejaron en la calle a familias enteras?
Una reconstrucción que no comience por abrir esta información será solo cosmética. La transparencia no es un “detalle” con el que los políticos tienen que lidiar. Su simulación se desnuda con una facilidad asombrosa y su omisión puede ser criminal. Ya no más.
