Los últimos días nos han ofrecido un vistazo importante sobre la estrategia que comienza a definir Andrés Manuel López Obrador para abordar el drama migratorio. Ese que los mexicanos habíamos hecho de lado convenientemente, pero que hoy se hace más que evidente con las cuatro caravanas de centroamericanos que, caminando más de mil kilómetros en las peores condiciones, están cruzando México con la intención de llegar a Estados Unidos a pedir asilo.
La primera señal que manda el presidente electo es positiva. Quien encabezará el Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, no es ningún improvisado en el tema. Su nombramiento no responde a intereses políticos. Él es un académico que ha dedicado buena parte de su vida profesional a entender el fenómeno migratorio al frente de El Colegio de la Frontera Norte y más recientemente, como coordinador general del proyecto de investigación Región Transfronteriza México-Guatemala. Su visión es diametralmente opuesta a la que, por años, han mantenido los gobiernos mexicanos. No es tanto un asunto de leyes y normativas, como de derechos humanos. Guillén tiene dos retos fundamentales: el primero, hacer del Instituto una institución abierta y transparente. Hoy, el INM —dependiente de la Secretaría de Gobernación— esconde sus decisiones bajo un velo de casi total secrecía: lo que sabemos que pasa hoy con los migrantes centroamericanos a su paso por nuestro país lo sabemos básicamente por las organizaciones de ayuda humanitaria que los asisten o por trabajos periodísticos. Ahí, su primer reto.
El segundo, y quizá más complicado, será incorporar al trabajo diario del INM una visión de respeto a los derechos humanos. En entrevista para el noticiario a mi cargo en W Radio, Guillén aseguró que “hay una gran oportunidad de cambiar el escenario (…), hay una disposición explícita en una dirección de derechos humanos por parte del presidente electo (…) toda modernización y actualización (del INM) debe estar sujeta muy estrictamente a principios de defensa y protección a los derechos humanos”. Qué buena señal, qué enorme desafío.
En esa entrevista, Guillén también dijo que, a partir del 1 de diciembre, su gestión —y en general el trato a los migrantes— no pasará por el uso de la fuerza, ni siquiera como factor de disuasión. Así que no. No veremos escenas como la de hace unas semanas en la frontera México-Guatemala, cuando elementos de la Policía Federal hicieron una barricada en el puente Rodolfo Robles para tratar de impedir que pasara la primera caravana de ciudadanos hondureños a México.
Si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador asume una visión como la que describe Guillén —y que el propio presidente electo ha defendido— el choque de trenes con Donald Trump es evidente y no tardará mucho en llegar. Basta con mirar lo que sucedió en el caso de la administración del presidente Peña. Ahí, el asunto no fue motivo de choque simple y sencillamente porque “nadó de muertito”. Es más, durante la renegociación del TLCAN, y en plena crisis por la inhumana política de la administración Trump de separar a los niños migrantes de sus familiares en la frontera, el gobierno del presidente Peña fue un cómplice cuasi silente para no comprometer las pláticas comerciales.
Si la administración entrante logra poner en práctica su visión, habrá confrontación. De eso no hay duda. “Un alambre de púas usado de forma adecuada puede ser una vista hermosa”, fue la última frase que Trump le regaló a la caravana hace unos días. Ésa es su agenda, su plataforma política, y el republicano espera de México justo lo que López Obrador dice que no le dará.
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