El 29 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la Controversia Constitucional que en representación del Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, Chihuahua, interpuse por la afectación al programa de Estancias Infantiles. Este hecho por sí mismo representa un gran avance.
Tuvieron que transcurrir 75 días, tres ampliaciones, cientos de amparos y la suma de muchas voces de la sociedad civil para que el Ministro, Juan Luis González Alcántara Carrancá, admitiera este medio de control constitucional.
En este periodo, el asunto escaló hasta la Organización de las Naciones Unidas, a la Asamblea General de la Unión Interparlamentaria, a la Comisión Interamericana de los Derechos, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a partir de la queja interpuesta por representantes de Estancias Infantiles.
Paradójicamente, la compleja situación para las más de 9 mil Estancias Infantiles y para alrededor de 330 mil niñas y niños beneficiarios se ha deteriorado.
Coincidimos con el Presidente de la República en la necesidad impostergable de combatir la corrupción, pero no compartimos que ésta implique la cancelación del programa de Estancias Infantiles.
El Estado Mexicano debe fortalecer las políticas públicas enfocadas en la atención y desarrollo de la primera infancia, así como en impulsar la inserción de un mayor número de mujeres en el mercado de trabajo formal. El Banco Interamericano de Desarrollo señala que nuestro país cuenta con una década para capitalizar su bono demográfico, facilitando que más mujeres se incorporen al mercado de trabajo, pues el porcentaje de su participación en el mercado laboral mexicano es de los más bajos de la región, con un 47.3% frente al 57.8% en promedio para América Latina.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 54% de las mujeres entre 24 y 45 años están fuera del mercado laboral porque deben atender a sus hijos. La contribución de esta fuerza laboral representaría anualmente por lo menos un incremento del 1.5% del PIB.
Un efecto inmediato de la cancelación del programa de estancias infantiles ha sido el incremento de la tasa de desocupación de mujeres. De febrero a marzo de este año aumentó de 3.5 a 3.7 la Tasa de Desocupación nacional.
Todos estos aspectos fueron omitidos por el Ministro González Alcántara Carrancá, quien, en la resolución de la suspensión planteada en la Controversia Constitucional, analizó exclusivamente los argumentos del primer escrito, sin pronunciarse respecto de las razones desarrolladas en las tres ampliaciones, concluyendo de manera desafortunada que conceder la suspensión representaría una mayor afectación para la sociedad.
Como consecuencia, presentaremos un recurso de reclamación, ya que, de haberse analizado integralmente todos los elementos expuestos, se tendría que haber otorgado la suspensión. Por el contrario, al no haber sido exhaustivo en su resolución ni haber asumido íntegramente su investidura como Juez Constitucional, se seguirán generando efectos nocivos para la sociedad, en detrimento de los derechos de los menores y de las madres trabajadoras.
De la mano de la sociedad civil, continuaremos con la defensa del interés superior del menor, de los derechos humanos de las mujeres, del principio de división de poderes y de la cláusula federal.
#EstanciasInfantilesSí.