Por estos días, se transmite en Amazon Prime Video “Un Extraño Enemigo”, una serie sobre el movimiento de 1968. El centro de la historia no está en las calles, sino en las catacumbas. La historia gira en torno a un policía político, llamado en la serie Fernando Barrientos y conocido en la vida real como Fernando Gutiérrez Barrios.
En su rol de director de una agencia llamada DNS en la serie y conocida en la realidad como Dirección Federal de Seguridad (DFS), Barrientos/Gutiérrez Barrios conspira incesantemente para favorecer a su jefe, el secretario de Gobernación Luis Echeverría, en la contienda para suceder al presidente Gustavo Díaz Ordaz. Conspira, incluso, con potencias extranjeras y en contra del propio jefe del Ejecutivo.
No les cuento más para no arruinar la experiencia de quienes piensen verla. Pero creo que la serie abre la puerta a reflexiones sobre el rol de las agencias de inteligencia y el uso de métodos clandestinos por parte del Estado. Esto cobra pertinencia dada la intención expresa del nuevo equipo gobernante de rehacer el Cisen.
Van algunos apuntes sobre el tema:
1. Dado que opera en la secrecía, con mucho menos escrutinio que cualquier otra institución pública, un organismo de inteligencia está siempre frente a la tentación del abuso. Por ese motivo, una agencia de ese género debe estar sujeta a fuertes controles internos (una inspectoría o una unidad de asuntos internos con altos grados de autonomía) y rigurosa supervisión externa (por parte del poder legislativo, los tribunales o comisiones de vigilancia ad hoc).
2. El mandato de un organismo de inteligencia civil debe ser estrecho. Su objetivo debe ser proteger al Estado, no defender al gobierno. El catálogo de temas que puede atender debe estar definido exhaustivamente en una norma explícita. Y el límite debe ser siempre la ley: si una persona o un movimiento actúa dentro de la legalidad no puede ser blanco de una agencia de inteligencia del Estado.
3. Una agencia de inteligencia civil le debe responder directamente al Presidente de la República. Idealmente, debería depender administrativamente de Presidencia, no de una secretaría. Si eso no es posible, su titular debe ser una persona de confianza del Presidente y le debe reportar de manera directa, sin intermediarios. De otra forma, puede pasar lo que pasa en la serie: el aparato se vuelve el instrumento personal de un secretario con ambiciones políticas propias y cuyos intereses están mal alineados con los del gobierno en su conjunto. Añádase un problema adicional: si la información de inteligencia es filtrada por un secretario en su camino al despacho presidencial, el Presidente acaba viendo solo lo que el secretario en cuestión quiera mostrarle.
4. Es muy mala idea combinar trabajo policial y labores de inteligencia civil. En la serie, la investigación de una explosión en las obras de construcción del metro es encomendada a la DNS/DFS. Sin sorpresa alguna, esa institución concluye que el asunto fue un atentado terrorista (y no, como efectivamente resulta ser, una fuga de gas) y acaba deteniendo a dos inocentes. Es decir, pasó a la justicia por el tamiz de la razón de Estado. No hay mejor manera de contaminar una investigación policial ni de deslegitimar a la inteligencia civil. Por eso, debe haber una muralla china entre policías y espías. Y parte de eso implica no poner a convivir en la misma secretaría a instituciones de policía y organismos de inteligencia civil.
En resumen, no hay que dejarle la función de inteligencia civil a un órgano sin controles, con vocación policial y al servicio de la agenda de un secretario. Eso era peligroso en 1968 y lo sigue siendo en 2018.
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