Escribí sobre esto hace un año, pero la coyuntura obliga a la reiteración:
1. Me opongo a la ley de seguridad interior, en los términos discutidos en la Cámara de Diputados, porque genera riesgos (descritos profusamente por la CNDH) y no resuelve particularmente bien ningún problema en específico. Falla incluso en su objetivo central: no brinda seguridad jurídica a los elementos de las Fuerzas Armadas. Rápidamente, va a enfrentar numerosos retos en los tribunales, prolongando la incertidumbre en la que opera el personal militar.
2. Con o sin ley de seguridad interior, el problema subyacente persiste: la ausencia de policías competentes. La pregunta es cómo construirlas y la respuesta no es obvia. Desde hace casi una década, existe un marco jurídico que obliga a la reforma policial en estados y municipios. Y no sirve: las policías no cambian.
3. No hay reforma en parte por los operativos federales. Esto ha generado un problema político de difícil solución. Así lo describí hace un año: “En ausencia de corporaciones locales y estatales competentes, las Fuerzas Armadas no pueden retirarse, so pena de dejar indefensa a la población. Sin embargo, la presencia de las fuerzas federales reduce los incentivos de los actores políticos locales y estatales para construir capacidades propias. Malo si se quedan, malo si se van.”
4. Tal vez sería posible resolver ese problema con la amenaza de retirar al personal federal en ausencia de transformaciones a nivel estatal y municipal. Pero la pregunta es cómo hacer creíble esa amenaza. Se podría legislar, por supuesto, ¿pero que impediría un cambio legislativo posterior? Si se estableciese un plazo para el retiro de las Fuerzas Armadas, ¿no sería posible ampliarlo cuando se acercase el día fatal? Con alta probabilidad, los gobernadores y alcaldes apostarían a ese escenario, perdiendo con ello sentido de urgencia.
5. El mando único no resuelve el problema. Siete de cada diez mexicanos viven en estados donde existe algo que se asemeja al mando único. Salvo excepciones, eso no ha detonado procesos serios de reforma policial.
6. El llamado “mando mixto” tal vez hubiese corrido con mejor suerte. La minuta aprobada en el Senado reconocía la necesidad de someter a las corporaciones a procesos de certificación institucional. Eso quizás podría haber generado incentivos para una reforma. Pero era una iniciativa tan barroca que nunca generó respaldos. Acabó enterrada anteayer en la Cámara de Diputados.
7. Una posibilidad más compleja sería crear un cuerpo nacional de policía. Esto no equivale a tener una policía nacional. Significa centralizar varios procesos administrativos. Por ejemplo, el reclutamiento de los policías podría hacerse a nivel central. Lo mismo para la formación: se podría establecer una academia nacional para todos los policías del país. Los gobernadores y presidentes municipales seguirían teniendo el mando operativo sobre los policías desplegados en sus jurisdicciones. Ya no serían, sin embargo, los responsables de hacer una reforma policial. Esta idea, por supuesto, requiere cambios constitucionales y legales mayores.
8. Una salida más inmediata sería retomar el proceso de construcción de la Policía Federal (PF). Si la PF hubiese seguido creciendo y contase hoy con 70 a 80 mil elementos, ya habría sido posible replegar a buena parte del personal militar. No se hizo y aquí estamos. Hay que enmendar ese error.
9. Ya basta de parches. Ya basta de tratar el asunto de la seguridad en compartimentos estancos: las policías acá, las Fuerzas Armadas allá, las fiscalías acullá. Necesitamos una reforma amplia al sector. Y necesitamos iniciarla ya.
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