La semana pasada, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Federal.
Esa propuesta, construida de la mano con el equipo de transición, busca reorganizar al gobierno federal. Cubre mucho terreno y amerita muchos comentarios. Por razones de espacio y obsesión temática, me voy a concentrar en un tema específico: la reconstitución de una secretaría de Estado especializada en el tema de seguridad:
1. La nueva dependencia se llamará Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El nombre es revelador: previsiblemente decidieron no añadir el adjetivo “pública” al sustantivo “seguridad” para poder agrupar en la misma estructura las funciones de inteligencia civil, sin entrar a una discusión sobre las diferencias entre seguridad pública y seguridad nacional.
2. Si la iniciativa se aprueba, la SSPC tendrá una estructura enorme. Además de concentrar todas las unidades y organismos que estuvieron ubicados en la SSP hasta 2012, la nueva secretaría va a tener control sobre el Cisen (ahora denominado Centro Nacional de Inteligencia), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Coordinación Nacional de Protección Civil. En términos presupuestales, esta dependencia va a ser 50% más grande que la que dejó Genaro García Luna en 2012.
3. En contraste, la Secretaría de Gobernación quedó reducida a la casi irrelevancia. La única responsabilidad de peso que conserva es la política migratoria. Su función de puente con el Congreso persiste formalmente, pero queda anulada por la composición partidista de las cámaras: cualquier negociación legislativa se va a dar en el carril de Morena. Asimismo, su rol en la negociación con los gobiernos estatales queda disminuido dada la creación de las Delegaciones para Programas de Desarrollo.
4. Lo he dicho y lo reitero: es muy mala idea poner bajo el mismo paraguas organizacional a la policía y el órgano de inteligencia civil. Pueden ver mis argumentos aquí: https://bit.ly/2PMUrU3 https://bit.ly/2PK0bOv. Va una apuesta anticipada: esta decisión no va a sobrevivir más de un sexenio.
5. Los defensores de la vía civil en materia de seguridad pública deberían de ver con alarma la exposición de motivos de esta iniciativa. Cito a la letra: “En la situación por la que estamos atravesando, la mayor amenaza a la seguridad nacional es la inseguridad pública, las acciones del crimen organizado y la debilidad o franca inoperancia, por incapacidad o por corrupción, de los cuerpos de policía.” Una amenaza a la seguridad nacional es algo que pone en riesgo la integridad, estabilidad y permanencia del Estado ¿La inseguridad pública cae en esa categoría? De ser el caso, cualquier robo, así sea obra de un modesto carterista, puede ser asunto de seguridad nacional, algo que amerita el despliegue de todos los instrumentos del Estado, incluyendo a las Fuerzas Armadas. En vez de acotar el concepto de seguridad nacional, esto lo ensancha brutalmente.
6. No entiendo la decisión de trasladar la política de protección civil a la SSPC. En primer lugar, ¿qué problema en concreto se resuelve con esto? El sistema nacional de protección civil tiene deficiencias, pero opera medianamente bien. Segundo, la función de protección civil exige la colaboración activa de las Fuerzas Armadas. Y, guste o no, la Sedena y la Semar van a ver a la SSPC como un adversario ¿Por qué contaminar las tareas de protección civil con ese tipo de dinámicas?
En resumen, creo que esta reforma no resuelve los problemas que generó el gigantismo de Segob en este sexenio. Sólo los cambia de adscripción administrativa.
alejandrohope@outlook.com. @ahope71