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El parecer, el Estado Mayor Presidencial no es muy popular en esta temporada política. Ya dos candidatos a ser su jefe se han negado a aceptar su protección.
Andrés Manuel López Obrador
había manifestado su rechazo a esa posibilidad desde hace meses. Incluso, anunció en enero que, de ganar la Presidencia , no usaría en forma alguna los servicios del EMP y trasladaría a ese cuerpo a la Secretaría de la Defensa Nacional . Reiteró esa determinación hace un par de días: “Nosotros no vamos usar al Estado Mayor Presidencial, yo voy a andar así como estoy recorriendo el país; el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”.
Esta semana, Ricardo Anaya se le unió en el rechazo: “El que nada debe nada teme. Yo no tengo ni guaruras, ni ningún tipo de seguridad especial. Voy a seguir recorriendo el país, y mi recomendación es que concentren sus esfuerzos en cuidar a los ciudadanos y garantizar que el 1 de julio, haya una elección con absoluta libertad. Francamente yo no la requiero”.
Ambos están equivocados. Por múltiples razones. En primer lugar, suponer que el riesgo es un asunto de mérito, que sólo la debe temer el que la debe por alguna razón maléfica, que las buenas intenciones sirven de chaleco antibalas, es perfectamente iluso. Gandhi luchaba por la justicia y acabó asesinado. Martin Luther King luchaba por la justicia y terminó con un tiro en la cabeza. En México, ejemplos similares abundan (Madero, Zapata, etcétera). La vida no es justa, la violencia tampoco: le pega al que la debe y al que no.
En segundo lugar, los candidatos no están muy bien ubicados para evaluar los riesgos que enfrentan. Hay una tendencia natural a subestimar los riesgos propios. Hay también una suerte de complejo de superhéroe que le sale a alguien que recibe vítores y porras todo el día, todos los días. Añádase que los equipos de campaña están ocupados en la logística de los traslados, las agendas y los eventos. No tienen necesariamente ni el tiempo ni la capacitación ni la información para calibrar con un grado mínimo de precisión los peligros que puedan afrontar sus candidatos. El resultado puede ser una subestimación persistente del riesgo.
En tercer lugar, el Estado Mayor Presidencial no es un equipo de “guaruras”. Es una institución altamente profesional del Estado mexicano dedicada a proteger a la Presidencia, no al presidente en turno. Fue creada en la década de los 40, cuando los civiles regresaron al poder, como un baluarte frente al poder militar, con la Decena Trágica y el golpe contra Madero como referente histórico. Le otorga autonomía a la Presidencia y facilita la continuidad institucional. Impedir o dificultar su trabajo es poner en riesgo, además de la vida propia, la estabilidad, integridad y permanencia de las instituciones del país.
Por último, México no está para bravatas. De septiembre de 2017 a marzo de 2018, 68 políticos locales fueron asesinados, entre ellos 19 precandidatos a alcalde o legislador local. De 2012 a la fecha, 70 alcaldes o ex alcaldes han sido víctimas de homicidio. Cada uno de esos actos resultaron desestabilizantes. Y se trataba de figuras políticas locales ¿Alguien se puede imaginar lo que sucedería si hubiese un atentado contra un candidato presidencial? Ya vivimos uno hace 24 años. Francamente no quisiera una versión 2.0.
Entonces, señores candidatos, por el bien del país y la estabilidad de la República, déjense proteger. Y permitan que lo haga la institución mejor preparada para cumplir esa tarea: el Estado Mayor Presidencial.
alejandrohope@outlook.com.
@ahope71
