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El cuatro de octubre, a eso del mediodía, unos tipos armados dispararon contra un grupo de policías municipales de Guaymas, Sonora. Mataron a cuatro. Minutos más tarde, mientras huían, los agresores ultimaron a otro agente municipal, ahora junto a una escuela. Al día siguiente, en Hermosillo, un sexto policía municipal fue ejecutado fuera de su horario de servicio.
¿Qué hay detrás de estos ataques? No está claro. La investigación de los homicidios fue atraída por la PGR y hace una semana anunció la detención de siete individuos presuntamente vinculados con el crimen. No se dieron detalles sobre la identidad de las personas o sobre el posible móvil.
Por su parte, el ahora ex jefe de la policía municipal, Daniel Morales Pardini, aseguró que se trataba de un “ajuste de cuentas” entre su corporación y un presunto grupo de delincuencia organizada.
Las cuentas que habría que ajustar podrían estar relacionadas a un incidente sucedido a finales de julio en San Carlos, en el cual unos policías municipales de Guaymas habrían entregado tres detenidos a unos integrantes de una banda criminal.
Según versiones de la prensa local, estas ejecuciones estarían vinculadas a un conflicto entre dos grupos criminales: la banda de los Salazar, originaria de Navojoa, y la banda de Fausto Isidro Meza, alias el Chapo Isidro. Ese individuo estuvo durante años en la órbita de los Beltrán Leyva y sería ahora un aliado del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Detrás de esto, habría también el crecimiento del huachicol en la zona sur de Sonora, particularmente en la región de Empalme. En 2017, el número de tomas clandestinas descubiertas en el estado se quintuplicó. Más de un millón de litros de gasolina y diésel robados fueron decomisados el año pasado.
Este coctel de mercados ilegales y policías infiltradas está generando una crisis de seguridad que ya no se limita al sur del estado. Entre enero y septiembre se registraron 630 homicidios dolosos, una cifra que equivale a un incremento de 19.3% en comparación con el mismo periodo del año previo.
Y en los últimos tres meses, la situación ha ido empeorando a ritmo acelerado: en septiembre, 114 personas fueron asesinadas en el estado, un incremento de 78% con respecto al mismo mes de 2017. De hecho, en septiembre, Sonora tuvo más homicidios que Sinaloa o Tamaulipas.
Esto provocó un reacomodo en el gabinete de la gobernadora Claudia Pavlovich. El 6 de octubre, dos días después de la masacre en Guaymas, el fiscal general del estado y el secretario estatal de Seguridad Pública renunciaron a sus cargos, supuestamente por “motivos personales”. Casi tres semanas después, las dos dependencias siguen con encargados de despacho, a la espera de cumplir las formalidades que requieren esos nombramientos.
Mientras tanto, la gobernadora Pavlovich ha pedido sin mucho éxito más apoyo federal para lidiar con la crisis y, en reunión con AMLO, afirmó que “parece chiste pero es la verdad, así está el semáforo delictivo, después de Yucatán, Sonora es el estado más seguro del país”.
Mucho se juega en Sonora. Es la entidad de origen de Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad (y posible candidato a la gubernatura en 2021). Es uno de los pocos estados grandes que le quedan al PRI. Es frontera con Estados Unidos.
Por el bien de todos, más vale que no lo dejen pudrir.
PD: Manuel Emilio Hoyos, un activista ciudadano y director del Observatorio Sonora por la Seguridad, ha sido objeto de acoso por parte de las autoridades del estado por exigir justicia en un caso de una aparente ejecución extrajudicial en Navojoa. Esa presión parece haber conducido a que perdiera su empleo en una empresa privada. Eso es inaceptable en cualquier lugar.
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