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El lunes pasado, Heriberto Sáenz Martínez fue cosido a balazos en las calles de Reynosa, Tamaulipas. ¿Un asesinato más en una ciudad altamente violenta? No: la víctima, además de funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, era hermano de Víctor Manuel Sáenz, jefe de la oficina del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
Ese hecho fue tal vez el móvil de la agresión: junto al cadáver, se encontró un mensaje con amenazas dirigidas contra el gobernador y su familia.
A esa muerte le siguió este jueves un ataque a balazos en contra de las oficinas estatales del PAN en Ciudad Victoria. Nadie resultó herido, por fortuna. Aquí no hubo manta ni cartulina, pero el asunto pareció un mensaje.
¿Dirigido a quién? Al gobernador, en primera instancia. El fin de semana, el mandatario estatal subió un video a Facebook en el cual se comprometió a “seguir combatiendo con inteligencia y todas nuestras fuerzas al crimen organizado”.
Esas no son palabras al vuelo. El gobierno estatal ha intentado dar algunos golpes. Lanzó hace unos meses una intervención amplia en Reynosa. La policía estatal ha participado en la captura de algunos cabecillas de bandas criminales. Ha habido un intento por cerrar giros negros y espacios de venta de droga.
Sin embargo, todos esos esfuerzos enfrentan una restricción estructural: la falta de botas en el terreno. Desde hace varios años, Tamaulipas dejó de tener policías municipales. Su policía estatal sigue siendo pequeña para el tamaño del reto: cuenta con algo más de 2 mil 600 elementos.
Hay en marcha esfuerzos para incrementar el tamaño de esa corporación. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, se busca que para 2022 la policía tamaulipeca cuente con al menos 6 mil 800 elementos. Eso implica reclutar y capacitar a casi mil policías nuevos por año, pero ese objetivo se ha topado con múltiples restricciones. No muchas personas desean ser policías en Tamaulipas, y las que sí enfrentan un filtro casi infranqueable: el proceso de control de confianza excluye a 11 de cada 12 candidatos.
Ante esa realidad, el estado depende de las Fuerzas Armadas. Y eso acarrea un costo importante: aproximadamente, el gobierno de Tamaulipas debe erogar cada año 500 millones de pesos para financiar la presencia de personal militar. Considerando que el gasto estatal en seguridad pública se ubica alrededor de mil millones de pesos al año, esas transferencias al Ejército y la Marina no son triviales.
Pero, más allá del gasto, esa dependencia genera un riesgo permanente: el personal del Ejército, la Marina o la Policía Federal puede ser retirado casi en cualquier momento.
Eso ha sucedido en meses recientes. Según reportes de prensa, al menos mil 400 elementos del Ejército han sido retirados de Tamaulipas desde marzo. Eso ha generado una disminución de la presencia de la autoridad en 22 de los 43 municipios tamaulipecos.
A esto hay que añadirle que Tamaulipas ha experimentado un proceso acelerado de fragmentación de grupos criminales. En particular, parece existir un conflicto de creciente virulencia entre algunos grupos centrados en Matamoros y otros que operan desde Reynosa.
Todo eso ha dejado un coctel explosivo en el estado: un submundo criminal fragmentado y con alta propensión a la violencia, un gobierno estatal amenazado, con ganas, pero con pocos recursos, y autoridades federales en franco repliegue. No es buen panorama, por decirlo suavecito.
Nota: soy miembro de un consejo consultivo de seguridad pública del estado de Tamaulipas, el cual se reúne con cierta periodicidad con el gobernador y su gabinete en la materia. Nuestro rol es estrictamente deliberativo y no participamos en ninguna decisión sustantiva del gobierno estatal.
alejandrohope@outlook.com @ahope71
