No lo que tal vez hizo con Ricardo Anaya: seguir y reportar cada paso de un candidato en campaña. Es estúpido, dispendioso y, en todo caso, se puede hacer desde una oficina con fuentes abiertas.
No lo que admitió Alfonso Navarrete Prida: “darle seguimiento a las actividades que suceden en México”. Esa es una visión absolutamente excesiva del mandato del Cisen y de sus capacidades. Es, sobre todo, garantía de fracaso: si todo se cubre, nada se cubre bien.
No lo que la Ley de Seguridad Nacional le dice que puede hacer: operar tareas de inteligencia para “dar sustento a la gobernabilidad”. Eso no quiere decir nada y puede permitirlo todo. Es el tipo de definiciones ambiguas que abundan en la ley respectiva y que se prestan a excesos. Deben de ser revisadas a la brevedad.
No lo que Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador y probablemente José Antonio Meade, junto con buena parte de los políticos y comentócratas del país, quieren que haga: perseguir criminales. Eso es tarea para las policías, no para un organismo de inteligencia civil. ¿Cuál es la diferencia? Hay varias, pero una es obvia: la inteligencia policial tiene como propósito recabar evidencia para un proceso judicial. La inteligencia civil sirve para darle elementos de decisión a actores gubernamentales sobre temas muy específicos (terrorismo, grupos armados, etcétera). No está pensada para acabar en un tribunal.
No lo que algunos activistas suponen que debería de hacer: identificar casos de corrupción o encontrar activos ilícitos. El Cisen no es la Función Pública ni la fiscalía anticorrupción. Puede, como parte de sus investigaciones recabar información financiera o patrimonial, pero esa no es ni puede ser su función principal.
Sí lo que otras instituciones no van a hacer porque no encaja del todo en su mandato: generar información de inteligencia sobre grupos guerrilleros, por ejemplo. O sobre organizaciones terroristas. Eso rebasa el ámbito policial y no es asunto estrictamente militar. Alguien en el Estado debe entender las razones y formas de operación de grupos que desean derrocarlo por la vía armada.
Sí lo que requiere acción clandestina para defender intereses fundamentales del país: la neutralización de agencias de inteligencia extranjeras en territorio nacional, por ejemplo. La contrainteligencia que evite que nuestros secretos de Estado acaben en manos no autorizadas.
Sí lo que debería ser un ámbito natural de competencia: recolectar información de inteligencia en el exterior. Para fortalecer la posición negociadora de México en sus relaciones con países extranjeros. Para proteger a mexicanos que vivan fuera del país. Para promover los intereses de México más allá de nuestras fronteras.
Sí lo que hacen servicios de inteligencia de países democráticos. La agencia de inteligencia interior de Alemania, por ejemplo, se llama la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV por sus siglas en alemán). Allí llevan un compromiso democrático desde el nombre. Y se refleja en un mandato limitado, así como en la existencia de controles internos y supervisión externa. Otros servicios, como el CSIS canadiense o el CNI español, son similares. En esa dirección debería de caminar el Cisen.
Pero para eso, necesitan cambiar muchas cosas. La Ley de Seguridad Nacional, en primer lugar. También la estructura y doctrina de la institución.
Hay que recordar, sin embargo, que un servicio de inteligencia es tan bueno o tan malo como el sistema político que lo usa. Al final del día, una agencia de inteligencia va a hacer lo que le pidan.
En este tema, hay que controlar primordialmente a los políticos, no a los espías.